Ágora
JUAN CARLOS G. PARTIDA
Uno de los legados más apreciados de las dos revoluciones que fundaron a la nación y comenzaron el intento de régimen democrático que hoy tratamos de hacer realidad, es el Estado laico. En el intermedio entre la guerra independentista y la revolución mexicana, Benito Juárez logró separar a la Iglesia del Estado, porque a pesar de ser un católico profesante sabía muy bien que el credo religioso forma parte de la conciencia individual pero se antepone, cuando es ley terrenal, a la evolución en conjunto de una sociedad. Nunca una corriente de pensamiento, la religión también es eso, ha podido lograr la ortodoxia y unanimidad, por la sencilla diversidad inherente al hombre como especie.
Por eso, que los hijos del gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, tengan programas de televisión en la señal de Mariavisión –¿no qué las iglesias no podían tener señales de radio o tele en México?–, forma parte de su fuero interno como católicos, de sus pulsiones personales y sus convicciones internas, y de la cercanía (eso sí también) del gobernante panista con el cardenal San Juandoval Íñiguez, productor mayor del canal que tiene equipo tecnológico equipo que hasta en Televisa les envidian. Hasta ahí ningún problema, se respeta su iniciativa. Pero cuando Emilio El Católico vestido con su traje de gobernador quiere hacer del presídium un púlpito, de las leyes un sacramento y del dinero público una ofrenda, es cuando comienzan los dislates.
Hace un par de años, un grupo de diputadas y diputados federales de varios partidos políticos (menos del PAN), firmaron una propuesta de reforma a la Constitución con la finalidad de garantizar el carácter del Estado laico. De hecho, fue dictaminada en positivo por la comisión de Puntos Constitucionales, pero se quedó congelada en primera lectura debido justamente a la mayoría aplastante de los blanquiazules confesionales que tenían más de una tercera parte de la Legislatura. De hecho, el panismo presentó una contrapropuesta para establecer la “libertad religiosa” para dar educación con ese tinte en las escuelas públicas –las privadas lo hacen desde siempre– desde el nivel de primaria.
En junio pasado aquí en Jalisco, que junto a Guanajuato se ha convertido en la entidad paradigma de esta tendencia confesionalista que cimenta los señalamientos hacia ambos mandatarios estatales de su pertenencia a la ayatolesca organización conservadora El Yunque (bueno, para no dejar atrás al ¿presidente? hay que recordar que el papá de Felipillo era “cristero”, como él mismo lo presumió), se dio a conocer el nacimiento de un grupo creado en defensa del carácter laico del Estado mexicano ante los embates que hizo González Márquez contra la sana división que ha sido básica para la historia del país, pese a brotes alteños de fanáticos arriados por curas que escondían la mano llena de pólvora para no condenarse por contradecir uno de los 10 mandamientos.
“Ante la permanente agresión y violación del Estado laico por parte de las fuerzas más conservadoras del país, cuando la actual coyuntura electoral es utilizada por la derecha para aprobar en varios estados de la República leyes que contravienen el espíritu de la Carta Magna, cuando se pretende revivir la cultura de la intolerancia, el fanatismo y la visión unilateral de la realidad, hemos decidido convocar a las candidatas y candidatos liberales y democráticos en campaña a defender con decisión el carácter laico del Estado y a contrarrestar la estigmatización de la que son objeto por promover los derechos y libertades que derivan del laicismo”, señalaban los jaliscienses que crearon en junio, poco antes de las elecciones en las que se dio una soberana patada en salva sea la parte a estos panistas que quieren imponer su cosmovisión, iluminados que se creen.
Claro que esto no es una desviación republicana panista. Entre los priístas abundan los ejemplos de cómo se trata de sacar raja política de la feligresía católica. Ahí está el bellísimo espectáculo doctrinario de Enrique Peña Nieto anunciando nada menos que al Papa que pronto se casará con La Gaviota. O las actitudes de acólito del alcalde electo de Tlaquepaque, Miguel Castro, quien tuvo ya un trienio de la mano de su padrino Alfredo Barba mientras con la otra iba atento a los designios de su querido cardenal.
Es fácil definir al Estado laico. La separación Iglesia-Estado es su base, establecida en el artículo 130 de la Constitución; la disposición constitucional también precisa que la legitimidad del poder público proviene de la soberanía o voluntad popular, no de un sueño extraterrenal; que la educación sea laica, es decir, sin tintes religiosos pero respetando la fe que profesa cada alumno; que las jerarquías eclesiales no puedan moldear las leyes y las políticas públicas; que los ministros de culto no desempeñen cargos públicos ni hagan proselitismo electoral y, también por supuesto, que las autoridades civiles no intervengan en la vida interna de las asociaciones religiosas.
Con esto se busca que la democracia sea el valor político fundamental para un desarrollo con justicia social, paz y gobernabilidad; se respeta la libertad de conciencia, la igualdad de todas las personas frente a la ley, el respeto de los derechos humanos y sus minorías tan despreciadas por algunas organizaciones religiosas, a la implementación de políticas públicas basadas en evidencias científicas e información objetiva, veraz y suficiente, no basada en dogmas religiosas o visiones extra sensoriales.
Pues bien, ese embate claro y absurdo que hace que la cinta histórica retroceda 150 años, ha logrado que lo que en Jalisco ha logrado una oposición firme –que incluso evitó el famoso caso de la macrolimosna–, ahora también tenga su réplica nacional con la creación del grupo Ciudadanos por la Defensa del Estado Laico, en el que participan legisladores, políticos e intelectuales, entre estos el ex rector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente.
Y es que lo que parecía apenas supino en esas actitudes de los gobernadores de Jalisco y Guanajuato pasó a ser alarma cuando comenzaron a usar el erario para sus santos propósitos. Una de las muestras más recientes y visibles de las agresiones a la laicidad del Estado es la intromisión de la jerarquía católica, mediante presión y cabildeo con legisladores, en los procesos que han derivado en la aprobación de reformas antiaborto en 18 congresos estatales, que obligan a proteger la vida humana desde la concepción y penalizan la interrupción del embarazo.
2010 es un buen año para terminar con esta discusión por fin y reestablecer una de las bases en las que descansa esta república que ni es santa ni mucho menos pertenece a la Iglesia católica. Parece una discusión anquilosada, pero hay que dar la batalla cuando quienes tienen el uso de las indulgencias plenarias o de la fuerza pública, de las políticas públicas y del erario, quieren regresarla a la vitrina.
::Democracia Ya, Patria Para Todos. Apoyando al Lic. Andrés Manuel López Obrador en 2009::
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