A Carlos Núñez Hurtado
Los signos de la descomposición social en el estado de Jalisco siguen apareciendo y están llegando a un punto de no retorno. En menos de una semana fuimos testigos de dos movilizaciones sociales en la ciudad de Guadalajara, del rompimiento del récord nacional de quejas ante un organismo público de derechos humanos frente a un solo acto de gobierno, del señalamiento de una ONG defensora de derechos humanos de que el gobierno de Jalisco ha violado medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); y como respuesta de la clase política y gobernante tenemos la negación, la descalificación, la falta de diálogo y la firma de acuerdos de un ejercicio fallido de participación ciudadana. Pareciera que los rumbos se van separando y se confrontan cada vez más. Hay un eje conductor que nos ayuda a comprender estos acontecimientos: las dinámicas de acumulación del capital y la lógica de los poderes fácticos son incompatibles con la vigencia de los derechos humanos.
La llamada macrolimosna motivó que 1,500 personas se manifestaran en el centro de la ciudad para defender el Estado laico y recriminar la actuación del gobernador al pretender desviar 90 millones de pesos del erario público para la construcción de un centro de culto contraviniendo no sólo el régimen legal, sino el sentido común y los diagnósticos de los problemas más importantes de la entidad. Quién iba a pensar que la ciudad de Guadalajara sería escenario de una manifestación de esta naturaleza, donde además llama la atención la intensidad del reclamo y las consignas en contra del cardenal. Este mismo hecho produjo que Jalisco rompiera el récord de quejas a nivel nacional por un solo acto de gobierno en un organismo público de derechos humanos, más de 3 mil 500 ciudadanos han mostrado su inconformidad ante este hecho y obligaron al ombudsman del estado a pedir medidas cautelares pidiendo postergar la entrega de los 60 millones restantes, mientras se analiza la legalidad de este “donativo”. Hasta la Coparmex condenó el asunto. La respuesta del gobernador y su equipo es la negación, la descalificación de los reclamos ciudadanos, el desdén y la minimización de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) al afirmar que no tiene competencia sobre el tema.
Tres días después 2,000 personas de los municipios de El Salto y Juanacatlán tomaron el centro de la ciudad de Guadalajara pidiendo al gobernador soluciones reales y eficaces para el gravísimo problema de contaminación del río Santiago, la demanda del respeto a la salud y un ambiente sano son sus necesidades más apremiantes. Tenemos frente a nosotros un ejemplo de organización desde la base. En la manifestación también condenan que en lugar de destinar dinero para este problema se pretenda construir un santuario. Los verdaderos mártires son ellos. Otros piden que estas poblaciones sean subsedes de los Juegos Panamericanos. La respuesta de la clase gobernante es la no respuesta. Los atienden funcionarios de tercer nivel que les piden paciencia.
El mismo día, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) ofrece una conferencia de prensa junto con la señora Araceli Arellano, madre de la niña que presuntamente fue violada por Martín Aguirre (todavía prófugo de la justicia). La valiente señora dice que existen y que está cansada de la situación, pero que sigue en su exigencia de justicia. La madre de la víctima y sus abogados denuncian que el gobierno de Jalisco ha violado las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA. Personas a nombre del gobernador, que la contactan a través de algunos familiares, le piden a las víctimas desistirse de la denuncia y desdecirse en un programa de televisión local. Nuevamente la respuesta del gobierno de Jalisco es la negación y la presunta violación de la ley, ya no sólo la local, sino la internacional. Se vuelve a pedir la destitución del procurador Tomás Coronado. La respuesta es que el primer fiscal sigue firme en su puesto a pesar de que los agravios en este caso siguen aumentando.
Por otro lado, con “bombo y platillo”, el gobierno del estado firma 18 acuerdos a través de la Gran Alianza por Jalisco. No hay información de cuántas mesas siguen trabajando, sólo se dice que allí sí está la participación ciudadana, esa que sí tiene claridad de rumbo y es un ejemplo de gobernanza. ¿Las otras expresiones qué son?, ¿rijosos que sólo buscan molestar?
El escenario se vislumbra como una encrucijada. Por un lado tenemos una ciudadanía que está siendo víctima de la violación de sus derechos, que con mayor fuerza exige el respeto de los mismos, que se organiza y que ante las respuestas gubernamentales se indigna y sube de tono e intensidad sus reclamos. Por otro lado, una clase política incapaz del diálogo, que niega los problemas, que descalifica la crítica y los reclamos sociales, que no atiende las peticiones y medidas de los organismos locales e internacionales de los derechos humanos y que sólo considera como válida la participación ciudadana que le es afín. Si las tendencias continúan, estamos ante el riesgo de la confrontación y la represión. Eso por supuesto que no nos conviene a nadie.
Desgraciadamente el ejemplo del gobernador se extiende por el resto de la entidad. El Instituto Municipal de Apoyo a la Juventud de Autlán (IMAJ) está organizando un concurso de canto al estilo de reality show, donde después de la actuación de los participantes, un jurado nomina para salir a los peores concursantes, y durante una semana sus amigos y familiares buscan salvarlos a través de la recolección de votos que cuestan un peso. Toda la logística es proporcionada por el municipio. Hasta aquí la medida puede ser sumamente cuestionable, pero no ilegal. Durante el concurso se realiza una kermés donde también se recaudan fondos. El problema es que el dinero que se obtiene tanto en el concurso como en la kermés es para la construcción del templo de Nuestra Señora del Refugio en Las Paredes. Es decir, se utilizan recursos públicos para obras religiosas. Efrén Rangel, periodista del semanario El Costeño y UNIR noticias, quien dio a conocer estos hechos, ha sido objeto de descalificaciones y presiones por cumplir con su deber periodístico.
Toca seguir de cerca los hechos, alzar la voz, entrar en el debate, construir alternativas de autogestión y autonomía. Finalmente la sociedad es la que se queda, los políticos se van.
jerqmex@hotmail.com
::Democracia Ya, Patria Para Todos. Apoyando al Peje en 2008::
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