Rolando Cordera Campos
La Jornada
30 de marzo, 2008
The Economist (22-28/03/08) anuncia la resurrección de López Obrador, mientras el senador Beltrones, presidente del Senado y líder de su bancada, se apodera de la oportunidad, legitima las movilizaciones populares convocadas por el tabasqueño, las descalifica por riesgosas, pone orejas de burro al gobierno y se manifiesta contra toda reforma constitucional en materia energética, los contratos de riesgo y todo asomo de privatización de Pemex. Recuperado el centro gracias a este envidiable aprovechamiento de la oportunidad que le brindaron los duelistas de la izquierda y la avidez torpe de la derecha, los priístas parecen dispuestos a correr otro tipo de riesgos: ofrecerse como la fuerza de la estabilidad a cambio de un efectivo cogobierno; prepararse para tomar la mayoría en los diputados en 2009; vender, no digamos caro sino a precio de barril de crudo, ya no su amor sino tan sólo su comprensión a un gobierno postrado por sus propios despropósitos, debilidades, “indefiniciones y titubeos” (La Jornada, 28/03/08, p. 7).
Labilidad o flexibilidad de los políticos, si se quiere, pero demasiadas señales de que lo que vivimos son tiempos de fin de régimen y de sistema político, horas de angustia y evidencia abrumadora de que la política normal de los transitócratas, aquello de la democracia y el mercado sin adjetivos que se transfiguraron en una transición sin objetivos, hace mutis como exigencia mínima del paso a un orden democrático efectivo por creíble y productivo, que la democracia de la gente educada no pudo ofrecer.
Se admita o no, la cuestión petrolera exige un debate constitucional abierto, que esperemos pueda ser ordenado y alimentado por la buena información y la ilustración de expertos que hayan aprendido la virtud de la humildad. La deliberación planteada de tan mala y sospechosa manera por el gobierno no puede reducirse al Congreso o la Suprema Corte, donde en todo caso tendría que aterrizar para lograr una normalización jurídica durable.
Para ser constitucional y no fuente adicional de confusión y ofuscación, la polémica debe darse en la tv y la radio, en la universidad, el auditorio, la cafetería y la peluquería.
Sólo así puede aspirarse a que la sociedad evada la trampa de la polarización y recupere aquella confianza que ganó con Cárdenas y antes con Benito Juárez. Ese pragmatismo histórico que nos permitió un desarrollo real, siempre insatisfactorio, del Estado y de la economía.
En aquel arco histórico se afirmó el principio del Estado laico y nacional, al que se vio como garante de una cultura entendida como libertad y como responsable de la propiedad de la nación sobre sus recursos estratégicos. Atributos de los que se quiere despojar de nuevo al Estado desde el púlpito y el lujo, aunque también desde las tribunas privilegiadas de la opinión pública.
Por eso, es importante admitir que de lo que se trata en primer término es de conservar lo construido, como condición para mejorarlo y sanearlo y asegurar que su disfrute sea realmente para todos, en especial los más débiles. No se exagera: en este litigio se juega el bienestar de las generaciones (casi dos) que nacieron con las crisis y reclaman cambio pero con alguna seguridad, se disponen al riesgo a la vez que exigen al Estado y sus mayores certidumbres básicas sobre un futuro que hay que reconstruir reconquistando, tal vez con una segunda expropiación a favor del pueblo, el dominio eminente de la nación sobre sus veneros fundamentales.
Es en esta perspectiva, abierta por nuestra atropellada y ya muy costosa transición, que recupera actualidad y urgencia la (re)construcción de una cultura abierta al mundo, cosmopolita y global si así se quiere verla, pero fiel a los principios fundadores que nos legaron Juárez y los suyos. El Estado laico no es cosa del pasado sino asunto fundamental del futuro al que la jerarquía no se atreve a asomarse.
Es hora de estar en el mundo y entender sus vueltas, para dejar atrás este agotador desfile alrededor de la noria al que nos trajo el extravío de la alternancia. Recuperar para la política su dignidad clásica como ordenadora y cauce del conflicto, dique férreo contra la violencia y la ignorancia, obliga a darle a la calle su papel primordial. La verdad de cada uno debe ir a ella para iluminar la esperanza y modular la crispación. Sólo así se puede probar congruencia y disposición democrática.
Como escribiera Alfonso Reyes: “negarse a bajar con la verdad a la calle es tanto como desconfiar de la verdad”.
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