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martes, febrero 26, 2008

Protestan organismos civiles contra la aprobación de la reforma judicial

Sería un retroceso en materia de libertades y derechos

JUAN CARLOS G. PARTIDA


En contra de la reforma judicial conocida como la Ley Gestapo, que entre otras cosas permitiría el cateo domiciliario por la policía sin previa orden de un juez, miembros de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), de la Coordinadora Urbana de Movimiento Urbano Popular (Cemup) y del Movimiento Patriótico y Democrático Nacional se manifestaron la mañana de ayer en Plaza de Armas, frente a Palacio de Gobierno, para exigir que la minuta que está a juicio del Senado no sea aprobada, pues significaría “un retroceso grave en materia de libertades y derechos que nos conducen hacia el Estado policiaco y militar”.

El grupo se plantó con mantas frente a la puerta principal de Palacio de Gobierno, edificio que desde temprana hora, y aún antes de la llegada de los manifestantes, estuvo restringido para el acceso por decenas de policías estatales. Durante la manifestación, el paso al inmueble fue prohibido por completo.

“De consumarse esta reforma autoritaria, represiva y fascista, se establecerá en la práctica un Estado de excepción que hará indagatorias y suspenderá garantías individuales, dejando al ciudadano en un estado de indefensión”, dijo José Luis Sánchez, dirigente de la Cemup, al dar lectura al pronunciamiento.

Se señaló que la reforma en cuestión también contraviene el derecho al libre tránsito y a la presunción de inocencia porque posibilita el arraigo prolongado que la Corte declaró inconstitucional y la detención indiscriminada sin orden de aprehensión alguna.

“El gobierno en turno, o mejor dicho, la derecha gobernante ha desconocido la tradición de mantener al Ejército fuera de la lucha contra la delincuencia o la criminalidad, que es propia de otros órganos de seguridad pública, con lo que se viola el espíritu y la letra del artículo 129 de la Constitución, que señala que la misión del Ejército es preservar la integridad territorial y la soberanía nacional”, se afirmó.

El manifiesto también señala que a los autores de la iniciativa no les preocupan los derechos humanos ni las garantías constitucionales, los pactos, tratados y convenios internacionales suscritos por el gobierno, los cuales establecen una protección a los derechos y libertades del hombre.

“Rechazamos esta reforma, a la cual calificamos de violatoria de garantías individuales y derechos humanos, y llamamos a las organizaciones políticas y sociales y al pueblo en general a luchar por su derogación”, concluyeron.

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