Opinión - Juan Gomez Partida

Agora

Ilegalidades, contradicciones y dudas

Jornada Jalisco

Hay más temas, pero por la injusticia que se perpetra, por la dimensión de salud pública que abarca y sus alcances políticos, éste es el tema único hoy.

La familia de Miguel Angel recibió ayer una nueva muestra de cómo las autoridades de Jalisco y sus esbirros luchan a capa y espada con todos los medios a su alcance –legales, ilegales, mediáticos- para evitar que sobre ellos caiga la responsabilidad de la muerte del pequeño. Apenas antier la Secretaría de Salud dijo que el río no mató al niño; ayer, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses dijo que el arsénico no mató al pequeño. Dentro de poco se dirá que no hay un niño muerto y que se trató de una alucinación masiva, inexplicable además ante la maravilla de la naturaleza que es ese cauce diáfano y cristalino donde todo está dentro de la norma ambiental.

Los abusos contra los familiares de Miguel Angel no han quedado en el rumor esparcido por funcionarios de primer nivel, en la suspicacia de la Procuraduría o en las pendejadas (Rivas Souza dixit) del líder industrial jalisciense ya conocido como el Buche de Oro. Hay multitud de irregularidades en su contra, ilegalidades que habrán de consignarse cuando el tan desgraciado como histórico evento sea juzgado, porque de esta será difícil que escapen muchos funcionarios que ahora creen que el pecado les será cobrado solamente cuando mueran, en su juicio final. Olvidan que la historia terrenal es muy clara y que el pueblo, bronco en casos tan irritantes, es un juez de pocas pulgas.

A la familia, primera interesada y con derecho legal para ello, no le han entregado los resultados de la autopsia; tampoco le han entregado los resultados de alguno de los cuatro análisis que dicen que hicieron en el cuerpo del pequeño. Grave irregularidad. Tampoco lo han hecho a la prensa, que por supuesto no tendría por qué tenerlos antes que la familia, pero que en algunos casos se ha dejado seducir con simples dichos de funcionarios que comen –y bien- del mismo presupuesto público, y que por tanto defienden el filete al unísono, ahora sí en un consenso como el que no quisieron tener cuando hace nueve meses ya tenían la fórmula para iniciar el plan emergente de saneamiento del río.

A la familia, que presentó denuncia ante la PGR, la dependencia federal ni siquiera le ha pedido que ratifique su denuncia, es decir, todavía está en veremos si se la acepta. Por supuesto poco podrán esperar de la Procuraduría estatal, salvo hostigamiento como ha sucedido hasta ahora. La CNDH, sacudida aún por la defenestración de su trabajo que le hizo hace unas semanas Human Rights Watch, tampoco ha dado luz clara si le entra. Parece que la única posibilidad se llama CEDHJ, que desde el año pasado hizo un pronunciamiento, que hace unas semanas emitió un informe especial y que se prepara para el mes próximo emitir una recomendación en la que, Felipe de Jesús Alvarez Cibrián así lo adelanta, habrá señalamientos muy claros contra funcionarios con nombre y apellido; no es garantía que eso suceda, pero con esos antecedentes en este tema particular al menos ya se ganó el beneficio de la duda, la cual habrá de aclararse en poco tiempo.

La serie de contradicciones en que ha caído la autoridad evidencian también su actuación desesperada y, como resultado, dolosa. Si el primer examen que se le practicó en el hospital Zoquipan a Miguel Angel salió negativo, entonces ¿por qué le siguieron suministrando hasta que murió medicamentos para desintoxicarlo de metales pesados? Si el segundo examen, practicado por Luz Cueto y su laboratorio Microanálisis salió positivo, entonces ¿por qué el tercer análisis que esa misma empresa hizo en su sucursal de Pharr, Texas, salió negativo? Si Microanálisis parece la Chimoltrufia y como dice una cosa dice otra, entonces ¿por qué la Secretaría de Salud le encarga a precio de oro –al menos 530 mil pesos- un estudio para saber si 400 habitantes en El Salto tienen metales pesados en su organismo, recordando además que el único examen positivo “se perdió” porque la super prestigiosa e internacional empresa no tuvo el cuidado de guardarlo? ¿Por qué el acta de defunción señala que el niño murió intoxicado por arsénico? ¿Por qué el informe inicial de la autopsia el 14 de febrero señalaba que el pequeño murió intoxicado por un agente químico a determinar y ayer se dijo que no tenía rastros de algún metal pesado o metaloide en su organismo?

Son demasiadas dudas, todas dudas razonables, que no han sido aclaradas. Si alguien se reía de la posibilidad de que el Yunque existía, con tanto abuso y tantas dudas sin aclarar, parece que el gobierno estatal comienza a dar la razón de la vileza que se atribuye a este grupo de extrema derecha, capaz de hacer cualquier cosa por preservarse en el poder e instaurar, al precio que sea, el reino de Dios en la tierra.

Para buena fortuna quedan voces honestas. La de Mario Rivas Souza sigue siendo la más fiable. La teoría del ilustre médico forense continúa siendo la misma desde que se le practicó la autopsia al menor: por accidente o por juego, el niño cayó al río, se golpeó la cabeza, perdió la conciencia unos segundos y tragó del agua ponzoñosa. A estas alturas, si ingirió arsénico, es lo de menos. La septicemia generalizada que padeció y que lo llevó a la tumba, es evidencia irrefutable de que esos segundos en el agua fueron suficientes para que entrara a su organismo lo que hubiera sido –bacterias, metales pesados, mutantes microscópicos o agua de los glaciares de Evian- y le produjera esa infección mortal en buena parte de sus órganos. El niño murió por caer al río, es la verdad directísima como los balazos contra el cardenal que ayer reiteró Rivas Souza, compartida por los padres de Miguel Angel y por los vecinos, niños o adultos. La PJE ya lo sabe, el gobernador ya lo sabe.

Para buena fortuna de la justicia que llegará aunque le pongan trabas, el tema es tan monstruoso que también llamó la atención internacional y ayer el Tribunal Latinoamericano hizo un nuevo pronunciamiento a los funcionarios estatales y federales a quienes ya desde octubre les había advertido del peligro evidente del río; pronunciamiento en el que de nuevo reiteran la disposición a colaborar para buscar una solución a la problemática.

Para buena fortuna el tema se politizó y (miren, la oposición sí existe en Jalisco) ayer diputados del PRI, del PRD y del Panal presentaron denuncia penal ante la PGR, para deslindar responsabilidades tan claras contra funcionarios omisos y empresarios contaminadores, lo que obligaría a la dependencia federal al menos a dar una respuesta de si la demanda procede o no. Para buena fortuna sobran estudios que demuestran la contaminación con metales pesados del río, los colectivos ambientalistas que tienen muchos años denunciando y documentando la aberración ecológica

Y aunque no es para buena fortuna esto último que diré, nadie en su sano juicio y que no sea el Buche de Oro podría alegrarse de ello, existen más casos de seres humanos enfermos, que comienzan a documentarse y que van a evidenciar el tamaño de la tragedia, que incluye animales y sembradíos, los cuales a su vez son también destinados al consumo humano.

Falta una actitud valiente y ética de algún funcionario que salga a reconocer sus omisiones. Pero eso no lo esperen. Todos tienen sus ambiciones personales y, pobre de ellos, creen que todavía podrán realizarlas después de esto.

::Democracia Ya, Patria Para Todos. Apoyando al Peje en 2008::