Opinión - Jaime Preciado Coronado

Jalisco ante la privatización petrolera

Publico

Jalisco ni tiene petróleo ni jugó un papel significativo en apoyo de la expropiación petrolera. Aunque el cardenismo tenía grupos afines en el estado para esas fechas, no será sino hasta 1939 que un cardenista llega al gobierno estatal: Silvano Barba. Sin embargo, la polarización política que enfrenta este gobernador es producto del enfrentamiento entre los herederos de la Cristiada, los grupos católicos conservadores terratenientes y rentistas, y del otro lado, una heterogénea amalgama de liberales, socialistas y cardenistas afines a la creación de un estado fuerte centralista, que vería acrecentar su poder sobre un Estado con evidente capacidad expropiatoria. La reforma agraria y los conflictos en torno a la educación pública, laica y gratuita, copan la esfera política local de la época. No se imaginaron esos políticos jaliscienses que la renta petrolera se convertiría en el principal sostén del país.

Actualmente, todas las regiones del país, todos los gobiernos estatales y municipales, aunque no tengan petróleo, son impensables sin la aportación de la renta petrolera; casi la mitad de los ingresos fiscales federales provienen de ella. Más de tres cuartas partes del presupuesto de Jalisco proviene de las participaciones federales. Por ello, entre otras razones, una privatización de Pemex a ultranza sería preocupante, en primer término por la frágil estructura fiscal del país dada la fuerza que tienen las grandes fortunas para evadir el pago de impuestos. Al dejar de percibir esa inmensa renta que se ha recargado sobre las espaldas de la industria petrolera ¿de dónde obtendría recursos el gobierno federal para hacer viable al país? Mientras no se amplíe la base gravable de contribuyentes y se obligue a las grandes fortunas a pagar impuestos, México-país puede irse a la bancarrota.

¿Qué pasaría con la fuerte deuda contraída por los gobiernos estatales, que en Jalisco alcanza la importante suma de 7,500 millones de pesos? ¿Cuál sería el impacto de un recorte brutal en el presupuesto del gasto público, sobre obras y fomento de las economías locales? Indudablemente, las finanzas públicas deterioradas por la falta de recursos que hoy provienen principalmente de la renta petrolera se verían en serios aprietos. Pero, la viabilidad de los estados y del país encierra una grave contradicción en su dependencia de la renta petrolera, de un lado están las bondades de los bienes públicos que gracias a la propiedad nacional de recursos estratégicos, permiten un beneficio público en gastos e inversiones; por otro lado, empero, ésta enorme masa de recursos que aporta Pemex se despilfarra por el usufructo irresponsable que hacen funcionarios con ingresos y prestaciones escandalosamente altos en los tres órdenes de gobierno, así como en la dorada burocracia sindical petrolera, amén de frecuentes ineficiencias y corruptelas de administradores públicos.

Ni como jaliscienses, ni como mexicanos, nos conviene la privatización petrolera, como tampoco podemos ya tolerar que las cosas sigan igual. Necesitamos una reforma fiscal profunda que libere a Pemex de una parte considerable de su carga fiscal, para que reinvierta utilidades, para que fomente investigación e innovación tecnológica, una ampliación de la base gravable de contribuyentes, a la par de una política industrial y de una urgente austeridad republicana en la administración pública y en la vida sindical, sin contratismos ni prebendas para sus líderes. Desde las regiones debemos recuperar protagonismo en asuntos nacionales, máxime cuando nuestra viabilidad como nación está en juego. Urge un debate nacional informado que vincule las reformas petrolera y energética, laboral y fiscal, enmarcadas en una reforma democrática de Estado. Enfrentando esas reformas, hasta una inversión privada gradual y selectiva, pero siempre minoritaria en el sector energético, se puede discutir sin crispaciones.

• El autor es presidente de la Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS)
japreco@hotmail.com

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