El Procurador que no se enteró de lo que sucedía
Poco a poco se complica para las actuales autoridades panistas el caso del procurador Tomás Coronado Olmos. El gobernador del Estado, Emilio González Márquez, ha tratado de absolverlo desde siempre: “inocente es”, parece ser la sentencia dada desde Casa Jalisco.
Todo comenzó cuando la revista Proceso dio a conocer que Tomás Coronado Olmos, junto con Martín Aguirre Aguirre, ex funcionario del ayuntamiento de Guadalajara, habían participado en “fiestas” no muy sanas, es decir, en bacanales donde se violaba a menores de edad. Al unísono, todos los funcionarios públicos panistas negaron dichas versiones arguyendo intenciones “aviesas” que solamente buscaban desprestigiar la labor del Procurador de Jalisco.
El gobernador se negó a establecer una fiscalía especial para investigar las acusaciones en contra de Coronado Olmos. Esto fue, sin duda, un grave error, porque suponía que el mismo procurador sería el encargado de investigarse: los resultados de las pesquisas carecerían, claro está, de cualquier tipo de credibilidad. Lo más conveniente hubiera sido establecer una fiscalía especial. Y existía la posibilidad, pues el mismo González Márquez prometió que si se daba una denuncia formal de violación en contra de Coronado Olmos, rápido se formaría la fiscalía. La denuncia la hizo el ex procurador C, Víctor Manuel Landeros, por pederastia, prostitución y pornografía infantil, pero González Márquez no hizo nada, no cumplió su palabra.
Al poco tiempo de haber presentado la denuncia, Landeros comenzó a sufrir amenazas e intimidaciones. Su ex escolta fue perseguido y baleado y a él se le denunció por abuso de autoridad. La maquinaria de Coronado Olmos había comenzado a aceitarse y a actuar. Logró que el Juzgado Décimo Primero de lo penal le otorgara una orden de aprehensión en contra de Landeros. La persecución había comenzado.
El miércoles pasado González Márquez salió en defensa de su Procurador y responsabilizó a personas malintencionadas del escándalo: “lo que hay detrás de esto [las acusaciones de pederastia en contra de Coronado Olmos] es gente interesada en que el tema crezca”. También exoneró a su subordinado, pues adujo que aunque estuvo en la fiesta donde se abusaba de menores, él no se enteró de lo que pasaba: “Podría ser que en este mismo espacio ahora estuviese ocurriendo algún ilícito sin que nosotros nos enteremos, y no nos hace cómplices ni responsables si en estos alrededores se comete algún ilícito por el hecho de estar aquí y no enterarnos. Esa es la pregunta: ¿participó [Coronado Olmos en violaciones a menores de edad]? La respuesta de todo mundo (sic) es: no, no participó”.
Ante estas declaraciones uno no sabe de qué se trata eso de impartir justicia en el Estado: ¿por qué no mejor se retira a Coronado Olmos de su cargo mientras se realizan las investigaciones?, o en todo caso, ¿por qué no se crea una fiscalía especial para que no sea el Procurador el encargado de juzgarse él mismo? González Márquez aceptó ya que Coronado Olmos participó en fiestas donde se abusaba de menores de edad, pero dijo que no se enteró: admitir que el procurador asistió a dichas bacanales pero que no advirtió nada raro se presta a suspicacias. Y más cuando existen declaraciones de las víctimas donde se aduce que Coronado Olmos no solamente se dio cuenta de los abusos sexuales cometidos, sino que fue uno de los participantes en los mismos.
Cada día se complica más la situación de Coronado Olmos. Y también la de González Márquez, porque, ¿cuál es la razón para defender a un posible pederasta?, ¿qué impide al gobernador hacer todo lo posible para investigar a una persona que está encargada, nada más ni nada menos, que de procurar justicia en el Estado? Lo más sano para la actual administración estatal sería separar a Coronado Olmos de su cargo, iniciar las investigaciones y esclarecer todo este escándalo que lo único que ha traído es la percepción de un Procurador pederasta que no tiene calidad ética ni moral para procurar justicia.
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