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lunes, noviembre 19, 2007

Señalado... y sin castigo

Víctor Manuel López Álvaro

proceso

Muy a su pesar, el procurador de Justicia del estado, Tomás Coronado Olmos, fue uno de los protagonistas del acto en que el Congreso local entregó reconocimientos a mujeres que trabajan contra la violencia y el abuso. La ex ombudsman Guadalupe Morfín y una de las galardonadas aludieron al escándalo de pederastia y pornografía infantil en el que está involucrado, y le exigieron que “deje de ser juez y parte” para que avance la investigación del caso.

La extitular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), María Guadalupe Morfín Otero, toma la palabra en el patio central del Congreso del estado y, sin mencionar sus nombres, hace un reconocimiento “a la menor de edad y a su madre que se atrevieron a denunciar una red de pederastia con funcionarios de alto nivel incluidos”.

A tres metros de ella está el procurador de Justicia del Estado, Tomás Coronado Olmos. Al escuchar la alusión primero se le agolpa la sangre en el rostro, pero en cosa de segundos palidece. Sólo atina a cruzar los brazos ante las palabras de Morfín.

La mención a la denuncia de la menor de edad Yazmín y su madre Araceli Arellano, quienes señalaron al procurador Coronado como partícipe en reuniones donde se abusa sexualmente de menores de edad es inequívoca.

Es el mediodía del 13 de noviembre y se lleva a cabo la “Primera entrega de reconocimientos de la 58 Legislatura a las jaliscienses destacadas en el trabajo para enfrentar la violencia contra las mujeres” (el próximo domingo 25 se conmemora el día internacional contra ese flagelo social).

Pero Morfín, invitada al evento por sus antecedentes en la defensa de los derechos de la mujer, todavía no termina de hablar.

“Es más –prosigue–, para llevar a un buen término el proceso que brota de esa valiente denuncia, espero que este Congreso anime al Ejecutivo estatal a dejar de ser juez y parte de este caso, y a nombrar a un fiscal especial que profundice la investigación y resuelva para recobrar la credibilidad de la sociedad en sus gobernantes, o bien pida explícitamente la atracción de la PGR a través del área creada específicamente para ello”.

Al final del acto, organizado por la Comisión de Equidad y Género del Congreso estatal, los agradecimientos a Morfín Otero no se hacen esperar. Varias mujeres hacen fila para darle parabienes. Le dicen: “Gracias por tu valor, por tus palabras”. La felicita también Rocío García Gaytán, la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).

–¿Qué la motivó a fijar su postura en el caso de Tomás Coronado? – pregunta el reportero a Morfín Otero, una vez finalizada la entrega de reconocimientos.

–Creo que para eso tenemos la palabra y para eso hay que aprovechar el micrófono en una ceremonia tan importante: para que se escuche aquello que ha sido planteado y no ha sido atendido suficientemente. Porque es una especie de apuesta a la pérdida de la memoria de las mujeres. Pero las mujeres somos las guardianas de la memoria de nuestras comunidades.

En un artículo publicado el pasado 23 de septiembre (Proceso Jalisco 150), la expresidenta de la CEDHJ escribió sobre las acusaciones que revelaron la existencia de una red de pederastas en Jalisco, en las que se menciona a Coronado como uno de sus integrantes:

“Cuando estos casos se hacen visibles, algo poco usual, toca a las autoridades investigar a fondo, imparcial e impecablemente, caiga quien caiga, y poner en marcha a la justicia. Consignar y poner en prisión. Si no, es gobernar de espalda a las mujeres”.

En febrero de 2004 Morfín vivió de cerca una situación semejante en su calidad de comisionada para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez, cuando dos jovencitas se atrevieron a denunciar una red de explotación sexual que llegaba hasta la procuraduría de Justicia de Chihuahua.

La violencia sexista mata

El discurso de Morfín Otero tocó temas que todavía son objeto de enconados debates en el estado. Por ejemplo, de entrada elogió a Guadalupe López García, integrante de Patlatonalli, organización civil de lesbianas que trabaja desde hace 21 años con hombres y mujeres de distintas preferencias sexuales para crear conciencia sobre los derechos de esta minoría.

Esa referencia llamó la atención, pues López García declinó recibir el reconocimiento porque la actual Legislatura se negó a crear una Agenda Ciudadana por la Equidad y a discutir la promulgación de una ley de convivencia que permita salvaguardar los derechos civiles de las parejas independientemente de su orientación sexual.

Las religiosas católicas presentes se quedaron atónitas cuando Guadalupe Morfín manifestó en ese patio central del Congreso: “Como jalisciense quiero creer que Jalisco está a tiempo para abrir las mesas de discusión para legislar sobre las leyes de convivencia. Como ciudadana jalisciense no siento mis derechos completos, si los plenos derechos de ciudadanía de la comunidad lésbico-gay no están cumplidos plenamente”.

Prosiguió: “La violencia sexista discrimina y mata. En Ciudad Juárez, en Jalisco, en Tlaxcala, en Cancún… La violencia sucede en el hogar, en la escuela, en la universidad, en el trabajo, en la política. Tienen, legisladores y legisladoras, el reto, pero también el privilegio extraordinario de colocar a Jalisco en posición de cumplir las convenciones internacionales que promueven y protegen el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia.

“La legislación de Jalisco debe incluir la perspectiva de género, desde la Constitución, la Ley General de Salud, la Ley de Educación y las leyes específicas”.

Después se refirió a la valiente denuncia de Yazmín y de la señora Arellano.

La mano extendida

Durante la entrega del reconocimiento del Congreso a 16 funcionarias, 13 activistas civiles y a cuatro comunicadoras, el procurador Tomás Coronado tuvo que pasar otros ratos amargos.

Antes de la intervención de Guadalupe Morfín, Candelaria Ochoa, investigadora del Centro de Estudios de Género de la Universidad de Guadalajara, se dirigió a recibir su diploma. En el trayecto saludó a la diputada Gloria Rojas y a la presidenta de Inmujeres, Rocío García Gaytán, pero al llegar al presidium y quedar frente al procurador Coronado –quien formó parte de la representación estatal que entregó los reconocimientos–, la investigadora le dijo en voz alta:

–A usted no lo puedo saludar porque tiene una investigación por pederastia.

–Quiero hablar con usted –alcanzó a responder Coronado, pero la defensora de los derechos humanos le reviró: “No se trata de platicar conmigo, sino de que se haga una investigación imparcial. No puede ser juez y parte.

Aunque algunos de los presentes escucharon las palabras de Ochoa y le aplaudieron, la mayoría no alcanzó a oír el diálogo. De todas maneras fue evidente la perturbación del procurador.

A la ceremonia asistió también el presidente municipal de Guadalajara, Alfonso Petersen Farah, uno de cuyos funcionarios –el director jurídico de alumbrado Público, Martín Aguirre Aguirre– fue denunciado por la violación de una niña y se le señala como pieza clave de una organización que recluta a menores de edad y las lleva a fiestas donde hombres adultos abusan de ellas, y a las que acude el procurador Coronado, a decir de menores que han asistido.

Aunque Martín Aguirre dejó de asistir al ayuntamiento, se desconoce el avance de la investigación en su contra. Dos veces se le ha visto en los interiores de la Procuraduría General de Justicia de Jalisco (PGJ) pero no lo han detenido.

Después de la investigadora Ochoa, tomó la palabra Guadalupe Ramos, integrante del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer.

Ella les recordó a los diputados que tienen una enorme deuda con las mujeres, quienes requieren leyes contra la discriminación y de “leyes que nos permitan el acceso a una vida libre de violencia”.

Señaló también la urgencia de “tipificar el delito de feminicidio como una forma extrema de violencia de género”, y culminó: “Nos deben, nos deben, nos deben. Es el momento de pagar”.

Los diputados escucharon atentamente. Coronado movía la cabeza afirmativamente, en un intento de recuperar el aplomo después de que Ochoa lo dejó con la mano extendida.

Al salir del recinto, el procurador intentó defenderse ante los reporteros: “Este es un tema de grilla, así de fácil y sencillo”. E insistía en que no existe ninguna denuncia en su contra.

“El exsubprocurador C (Manuel Landeros) fue el que me ocasionó todo este problema”, repite por enésima vez.


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