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viernes, agosto 24, 2007

Macroeconomía de las garantías sociales : del pobretólogo de México, Julio Boltvinik


Economía Moral
Julio Boltvinik

Macroeconomía de las garantías sociales
Seminario internacional en el contexto de la reforma del Estado

El congreso de la Unión y el Seminario de la Cuestión Social de la UNAM, que coordina Rolando Cordera, han organizado, en el contexto de la reforma del Estado (supuestamente) en marcha, el Seminario Internacional sobre Garantías Sociales. La primera conferencia, cuyo título encabeza esta columna, constituye un doble acierto, por haber elegido al maestro David Ibarra (DI), economista ilustre, incisivo y claridoso como pocos, y por abrir un seminario sobre la reforma social del Estado con el papel de la economía en el bienestar y sobre las relaciones entre lo económico y lo social.

Sin rodeos, DI señaló que "progreso económico, democracia y equidad se exaltan como los pilares constitutivos, imprescindibles, de la vida civilizada y de la legitimidad de los gobiernos", e identificó una doble función de la política social: erradicar los riesgos que enfrenta la población (función preventiva) y compensarlos cuando se han materializado (función "curativa" o compensatoria). Esta es la retórica, pero la realidad, aclara, suele ser distinta ya que subsisten "intereses y barreras infranqueables a la armonización consensual de la economía con la justicia social".

Además, continúa, "durante el último cuarto de siglo el paradigma económico neoliberal circunscribió las metas económicas (y de paso las sociales) a la estabilización de precios y de las cuentas públicas, con claro descuido del crecimiento y del resguardo de la igualdad colectiva", por lo que la "política social ha quedado coja, cuando no degradada. Ahora su función se constriñe a paliar, que no erradicar, las fallas y efectos negativos de las políticas económicas".

DI identifica dos mudanzas paradigmáticas en las intervenciones sobre lo social: 1) A finales de los años 50 se "relegó al olvido" la modificación directa "de la distribución de la riqueza, el ingreso o el poder (como la reforma agraria y los impuestos progresivos al ingreso) para descansar medularmente en los efectos percoladores del crecimiento se refiere al famoso goteo hacia abajo)". La segunda mudanza, señala, lleva a la política social "a la tarea, más limitada e inmediata, de abatir los síntomas de la pobreza".

En un solo trazo, como los maestros de la pintura, describe la nueva política: "Se busca llevar alivio a los más desprotegidos e indigentes, más que corregir las fuerzas que los sumergen en esa situación". Y añade lo que considera el defecto más serio de esta manera de abordar la cuestión social: se confina a emprender proyectos microsociales, lo que equivale, en su opinión, a "encubrir y validar la separación de las demandas de una democracia incluyente con respecto a los objetivos ahora estrechos de la política económica". Identifica así la "desarticulación medular de las políticas públicas", lo que califica de serio porque "se dejan de lado las metas del empleo, el crecimiento y la distribución, pilares insustituibles de sustentación del bienestar".

Cuando sostiene que la supresión de subsidios generalizados y la focalización del gasto público representan un aumento en la eficiencia, surge mi primer desacuerdo. La focalización parece más eficiente que el subsidio generalizado (p.ej. a la tortilla) cuando se consideran sólo los errores de inclusión (beneficiar a quien no lo necesita) pero no los de exclusión (dejar fuera a quien lo necesita), ya que la focalización disminuye el primer error, pero aumenta el segundo.

Veamos lo que ocurre en Oportunidades: identificados los hogares en "pobreza de capacidades" (su población objetivo) aplicando a la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) del 2005 el "método oficial", resulta que sólo 40 por ciento de ellos reciben los beneficios del programa y que 60 por ciento de los hogares en pobreza de capacidades están excluidos del programa. El error de inclusión también es alto: 41 por ciento de los hogares beneficiarios no son pobres de capacidades.

DI es consciente del limitado efecto de estos programas que, "en vez de combatir la aparición de la pobreza (la prevención) sólo pretenden atemperar algunas de sus consecuencias" (la curación). Con su aguda capacidad crítica añade que son "programas funcionales a las estrategias estabilizadoras en boga al subordinar cualquier arreglo social a las posibilidades de los llamados fundamentos económicos". Describe la privatización indirecta de los servicios sociales, mostrando que el gasto privado en salud es ya más alto que el público. Este tipo de privatización se logra pauperizando los servicios sociales públicos y limitando su crecimiento, lo que empuja a más hogares a acudir a los servicios privados.

Sintetiza: "se ha logrado una macroeconomía saludable en materia de estabilidad de precios y una macroeconomía enferma en términos del mercado de trabajo y la equidad social". Esto último lo ilustra con datos de la precarización del mercado de trabajo y de la emigración (el dato que proporciona, 400 mil anuales ha sido ya revisado por Conapo que maneja ahora 600 mil anuales, cifra también subestimada).

También estoy en desacuerdo con DI cuando acepta los datos oficiales de baja en la pobreza en México. Difiero por la no comparabilidad de las ENIGH del periodo de Fox con las previas, por su cada vez menor confiabilidad, y porque mis propios resultados, con mi método y las cifras de las ENIGH, arrojan un estancamiento de la incidencia de la pobreza en 75 por ciento de la población.

El maestro Ibarra concluye magistralmente: "la situación descrita se viene traduciendo en el crecimiento explosivo del sector informal, en pobreza crónica, en el desaprovechamiento del bono demográfico, en la emigración, en el empleo corruptor del narcotráfico y del crimen organizado". Propone que, para ganar la batalla contra la injusticia social y los rezagos económicos, es necesario un contundente golpe de timón en dos frentes: 1) prioridad a crecimiento y empleo; y 2) dar continuidad y hacer exigibles los programas microsociales".

jbolt@colmex.mx


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