Opinión - Jaime Hernandez Ortiz

Comisión Estatal de Derechos Humanos, desprestigio y decadencia

Sin la participación activa de la sociedad y específicamente de la sociedad civil organizada, cualquier programa o institución pública de derechos humanos está condenada al fracaso.

Para que una comisión pública de derechos humanos funcione es necesaria una relación estrecha de las acciones que realiza con las demandas ciudadanas. Sólo el respaldo popular y civil puede otorgar legitimidad y autoridad moral al trabajo de un organismo público. Sin embargo, hoy por hoy, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) está divorciada de la sociedad y, en cambio, muy cercana de la autoridad, prueba de ello es la “línea” de Emilio González Márquez para que los diputados panistas ratifiquen unidos al actual titular.

Los resultados de estos hechos ya se observan con antelación: aumento de violaciones a los derechos humanos, impunidad, descrédito del propio organismo y, lo que es peor aún, desmoralización de muchos ciudadanos. Hoy el único futuro que tiene el organismo estatal es que se elija a un presidente surgido de la sociedad civil, con vocación, formación y compromiso en los derechos humanos; que inicie una renovación institucional que le imprima, con creatividad e imaginación, un nuevo rumbo.

Por desgracia esto no parece ser posible. Hoy la CEDHJ se ha judicializado y gran parte de sus acciones se centra en realizar triquiñuelas jurídicas para “conciliar” a los quejosos con las autoridades; característica que consiste en que las autoridades “consienten” en iniciar un procedimiento administrativo a presuntos responsables de abusos a cambio de que no se llegue a la “recomendación”. Pero incluso en una “recomendación” sucede que no se llega a castigar a los responsables de los abusos de autoridad, pues el procedimiento administrativo requiere que el quejoso “ratifique”, identifique a sus agresores, inicie un nuevo procedimiento (cuando pudo hacerlo sin necesidad de la CEDHJ) y aporte nuevas pruebas al proceso a realizar.

Cuando esto sucede el quejoso prefiere mejor retirarse, pues si no decide ir hasta el fondo, la comisión hace la conciliación de forma “oficiosa” y asunto terminado. Aparentemente queda bien con todos. Por eso, ¿alguien sabe de verdad cuántos servidores públicos han sido amonestados, suspendidos o destituidos como resultado de una recomendación?

De ahí, entonces, que las autoridades del estado, empezando por Emilio González Márquez y diputados panistas, consideran que Carlos Barba repita como presidente cómodo, dúctil y sumiso.

Duro contra los ciudadanos

Desde que el actual diputado Felipe de Jesús Pulido era director del jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Guadalajara, su actuación se dejó ver con la actitud asumida por Emilio González Márquez de informar tardíamente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre los sucesos del 28 de mayo de 2004. En esa ocasión el Ayuntamiento de Guadalajara fue el más tardado en responder a los requerimientos del organismo nacional, sobre los policías municipales, pues rindió su informe a pocos días del Informe Especial de la CNDH, que difundió el 16 de agosto de 2004. Recordemos que decenas de policías del Ayuntamiento se prestaron en la fabricación de pruebas contra altermundistas, según una comisión especial de tres regidores del PRI y el PRD. Y el mismo Informe Especial implicó a González Marquez.

Por otra parte, es posible que Pulido, en contubernio con César Orozco, hayan operado conjuntamente para simular que se cumpliría la recomendación 05/2005 de la CEDHJ, de fecha 28 de mayo de 2005, que recomendaba a Emilio González Márquez iniciar un procedimiento administrativo para sancionar a tres inspectores del Ayuntamiento que dieron órdenes a decenas de policías cómplices (que por cierto no fueron ni mencionados en la recomendación) al decomisar ilegal y arbitrariamente el 19 de octubre de 2004 veinte mantas de la Coordinadora 28 de Mayo en el plantón que se tenía entonces en Plaza de Armas. Todavía sin cumplir la recomendación pero ya impugnada, en noviembre de 2005 Orozco se comunicó con un miembro de la coordinadora para informar que las mantas serían enviadas a la CEDHJ (de hecho todavía están ahí), argumentando que “había hablado con gente del Ayuntamiento y que a Emilio González no le gustaría que el caso llegara a la CNDH, pues iba a ser candidato”; mostrando así los gajes del oficio y dotes de “negociador” delegadas por su jefe Carlos Barba y con plena autorización de éste.

Cuando se terminó la simulación de un desahogo de acta administrativa contra los tres inspectores del Ayuntamiento –uno de ellos mencionó que eran “órdenes directas del ahora gobernador”–, la Comisión de Inspección del Ayuntamiento, sólo con el voto de regidores panistas, resolvió exonerar a los tres inspectores, aun cuando confesaron haber actuado ilegal y delictuosamente. De esa manera, ni se sancionó a los tres inspectores ni se regresaron las mantas, pero en el informe anual de la CEDHJ de 2006 la recomendación aparece como “parcialmente cumplida”. ¿Cómo la ven?

¿Elección facciosa?

Como premio a sus “aportes” al estado de derecho, Felipe de Jesús Pulido es premiado con una diputación. Y desde ahí, para colmo de un mundo kafkiano, a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, donde expresó recientemente: “para qué investigar los hechos del 28 de mayo si ya pasaron tres años”.

La reciente carta denostativa contra Carlos Barba (La Jornada Jalisco, 16 de junio), presuntamente firmada por César Orozco, director de Quejas de la CEDHJ, y virtualmente difundida por Felipe de Jesús Pulido –aunque el primero niegue haberla firmado–, tiene todos los visos de ser totalmente cierta y mostrar con ello un claro contubernio que debe ser analizado, incluso de forma penal. ¿Por qué se utilizan documentos y con el sello oficial para fines distintos y políticos? ¿No salió de la oficina de Barba? ¿No es éste un abuso en sí mismo? ¿Hay o no falsificación de firmas?

Por su parte, César Orozco recibe de aquél la promesa de “recibir señales” en la elección del ombudsman. Pero, ¿realmente cumple el requisito de estar dos años al margen del servicio público o de veras cree que el organismo ya es privado? De ser cierta la relación impropia entre este diputado, la CEDHJ y Orozco, éste como aspirante demuestra ser comparsa y el diputado Pulido deberá excusarse de conocer y emitir su voto por sus evidentes posturas facciosas, mismas que se encuentran muy lejos de estar sustentadas en los auténticos valores de los derechos humanos.

Solidaridad

Martes 19 de junio a las 10 horas, en la Casa Cultural de la Calle, acto de solidaridad y pronunciamiento contra las arteras agresiones sufridas por dos jóvenes, un consejero de la CEDHJ y la ex candidata del PASC, y contra la decadente actuación de Carlos Barba.