Deben resolverse irregularidades en la construcción de la presa, dice
EUGENIA BARAJAS
Por las irregularidades cometidas en el derribo de la casa de Lupita Lara en Arcediano, el Consejo Ciudadano de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) lanzó un exhorto al gobierno del estado para detener las obras de construcción de la presa en tanto la comisión especial conformada no emita una recomendación.
El llamado fue emitido a través de un documento entregado por el consejo durante una rueda de prensa en las instalaciones de la CEDHJ, donde estuvieron presentes los consejeros ciudadanos Francisco Javier Pérez Chagolla y María González Valencia, además del secretario ejecutivo, Eduardo Sosa Márquez, en el que informaron de la conformación de un comité especial de seguimiento y exigieron detener las obras de construcción de la presa de Arcediano hasta que se resuelvan las irregularidades y cuestionamientos presentados en la queja 1364/07.
Externaron su preocupación por los acontecimientos del pasado 20 de junio, donde por orden de la jueza 6º de lo Civil, y con el argumento de ejecutar un procedimiento de expropiación promovido por la Secretaría General de Gobierno ante tribunales estatales, demolieron la casa de Guadalupe Lara Lara, última habitante y opositora de la obra.
Pérez Chagolla mencionó que el derribo aconteció pese a los amparos federales vigentes contra despojo, desalojo y demolición; contra la destrucción de su casa por la construcción de la cortina y por la titularidad de los derechos ante el ejido.
En un listado enumeran las irregularidades en torno a la construcción de la presa que, dijeron, continúan pendientes de resolver, como son una serie de quejas ante la comisión y autoridades jurisdiccionales, vigentes a la fecha por supuestas violaciones al medio ambiente; a la legalidad; de audiencia y defensa; al libre tránsito y a la manifestación libre de ideas.
Dejaron en claro que la zona de la barranca donde se pretende construir la presa ha sido designada Zona de Protección Forestal, Area Natural Protegida con carácter de Zona Sujeta a Conservación Ecológica y Zona de Protección Hidrológica Municipal, además de que estudios de la Universidad de Guadalajara corroboran que el río Santiago está severamente contaminado y presenta altos índices de metales pesados como plomo, cromo, cadmio, arsénico, mercurio y cianuro.
En el mismo tenor criticaron que a cuatro años de su aprobación, y habiendo gastado más de 200 millones de pesos, la obra carece de un proyecto ejecutivo que señale las características de la cortina, costo total de la obra, métodos y costos de la potabilización.
Solicitaron al gobierno estatal abrir un diálogo público, amplio y plural sobre las alternativas de abastecimiento de agua para la zona conurbada de Guadalajara, con claros criterios de sustentabilidad ambiental, social y económica.
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