Cometen abusos que el gobierno encubre.

Lo sucedido en Castaños evidencia el abuso de poder, subraya, “ya que las agresiones y violaciones sexuales se llevaron a cabo por elementos militares en sus uniformes, armas y vehículos oficiales”.

Cometen abusos que el gobierno encubre.
Por: Carolina Velásquez.
Ante los abusos y violaciones de derechos humanos por parte de elementos del Ejército mexicano en distintos lugares de la República, es cuestionable la estrategia que puso en marcha Felipe Calderón de involucrar a las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública donde los militares juegan un papel primordial.

Señaló lo anterior el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), tras considerar que “los hechos demuestran que el Ejército goza de impunidad ante los abusos del uso de la fuerza y que el gobierno está dispuesto a encubrir sus abusos en aras de mantener la iniciativa de seguridad nacional, ante el incremento de la violencia de las mafias de narcotraficantes y la ineficacia de las policías para hacerles frente”.

La estrategia actual del gobierno federal se lleva a cabo “al verse rebasadas las instituciones de seguridad tradicionales”, opina en un comunicado Cencos, ONG defensora de derechos humanos en México, y en ella “parecen estar confundidas estrategias de seguridad nacional con la seguridad pública”.

Respecto al papel de las fuerzas armadas en México, el general José Francisco Gallardo, quien fue castigado por proponer la creación de un Ombudsman dentro del Ejército, ha manifestado que de acuerdo a la misión que tienen encomendadas constitucionalmente “deben cumplir únicamente con su mandato: defender la independencia y soberanía de la nación, y tutelar el orden interno e institucional del Estado”.

Paradójicamente, subraya Gallardo, para cumplir con estas misiones “altamente políticas”, el Ejército debe permanecer en sus cuarteles, anclado en el cauce constitucional, subordinado a la autoridad civil y sujeto a la rendición de cuentas.

LOS DAÑOS
Cencos hace un recuento de algunos de los casos que han llegado a la luz pública, donde a partir de este año ha participado el Ejército mexicano como parte de esta estrategia de “seguridad nacional”.

Durante el festejo del Día de las Madres, en el municipio tamaulipeco de Miguel Alemán, un grupo de militares irrumpió y disparó en el interior del auditorio municipal, lo que propició que el gobierno estatal solicitara la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

En el tumulto dos mujeres resultaron heridas y fueron llevadas al hospital. Entre ellas, Yazmín Valdez Hernández, de 26 años, declaró a la policía que un soldado le dio un puñetazo en la boca y una patada porque volteó a ver a quienes dispararon.

En el municipio, cientos de personas manifestaron su repudio frente a la zona militar de Miguel Alemán, y exigieron el retiro de los uniformados.

Otro caso de cómo la militarización de la seguridad pública ha cobrado víctimas es el que sucedió en el estado de Sinaloa, la madrugada del pasado 2 de junio, cuando Adán Esparza Parra y su familia fueron acribillados por miembros del Ejército mexicano.

La familia Esparza regresaba a su casa por una brecha en la sierra sinaloense, en el poblado “La Joya”, municipio de Sinaloa de Leyva. De la oscuridad salieron 20 soldados que sin más abrieron fuego sobre la camioneta pick up en la que transitaban, matando a la esposa de Esparza Parra, Griselda Galaviz Barraza; y a sus hijos Grisel de cinco años; Edwin de siete y Juana de dos años, así como a Alicia Esparza, maestra rural y hermana de Adán.

En el vehículo viajaban también Josué Carrillo, sobrino del conductor y la profesora rural Teresa Flores Sánchez, quienes junto con Esparza Parra convalecen en el hospital por heridas de bala.

La justicia militar inició una averiguación previa, removió al general Arturo Olguín Hernández, comandante de la Novena Zona Militar, y un juez militar de la Tercera Región Militar dictó auto de formal prisión contra los 19 elementos consignados por este hecho.

Sin embargo, dice Cencos, “con la consignación de los soldados por la misma justicia militar, se obstaculiza la acción penal ya que el Ejército mexicano se convierte en juez y parte”.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) encontró en el lugar de los hechos cinco cartuchos y 12 casquillos, así como una jeringa hipodérmica, por lo que pide a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) los resultados de exámenes de laboratorio de los 19 soldados detenidos, referentes a “alcoholemia cuantificada y panel de drogas en sangre y orina”, ya que se sospecha que actuaron bajo el influjo de la droga o el alcohol.

El 3 de junio del 2007, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, quedó de manifiesto la forma en que los miembros del Ejército ejercen su trabajo en los retenes. Jesús Alonso Saucedo no pudo detener su camioneta cuando los militares le marcaron el alto y fue atacado con una ráfaga de disparos sobre su vehículo, matando a su amigo Adrián Salazar Hernández, que iba en el asiento del copiloto.

Otro caso similar aconteció en Reynosa, donde los uniformados abrieron fuego contra un automóvil, matando igualmente al copiloto de un balazo en la cabeza.

Al igual que Cencos, el Frente Cívico Sinaloense y el Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” condenaron los hechos de Sinaloa y Tamaulipas.

En su momento, ambas organizaciones manifestaron que “estos lamentables hechos son una muestra más de los altos riesgos que implica el involucrar al Ejército como parte de la estrategia de combate frontal al narcotráfico desarrollada por el gobierno federal” y pone de manifiesto “los riesgos derivados de vincular lógicas diferentes de acción como son la policial y la militar”.

Y exigieron que, en los hechos de Sinaloa, los responsables sean investigados por autoridades civiles.

VIOLACIONES A MUJERES
Otro caso que señala Cencos son las mujeres de la zona de Castaños en Monclova, Coahuila, a casi 260 kilómetros de la frontera con Estados Unidos, cuando en la madrugada del 11 de julio de 2006, 14 mujeres fueron agredidas sexualmente por militares. Durante cinco horas estas mujeres fueron humilladas y, en sus palabras, “tratadas como animales”.
Lo sucedido en Castaños evidencia el abuso de poder, subraya, “ya que las agresiones y violaciones sexuales se llevaron a cabo por elementos militares en sus uniformes, armas y vehículos oficiales”.

El 25 de febrero del 2007 falleció Ernestina Ascencio, en la sierra de Zongolica, en Veracruz, y autoridades estatales sostuvieron en un principio que había indicios de que la mujer de 73 años había muerto víctima de una violación tumultuaria, pero posteriormente, al haber militares involucrados, la Procuraduría Militar atrajo el caso y encubrió a los sospechosos.

El Ombudsman nacional sostuvo que la indígena nahua falleció por causas naturales y por problemas gastrointestinales, dictamen que incluso la Comisión estatal de Derechos Humanos puso en duda, una versión que hasta el momento familiares y miembros de la sociedad civil rechazan.

Para Cencos, lo que pasó a la indígena nahua Ernestina Ascencio Rosario, “es uno de los casos más alarmantes de los últimos tiempos, ya que engloba uno de los expedientes de encubrimiento más escandalosos con los que abre el sexenio”: una historia de torpezas, mentiras, impunidad y encubrimientos entre las distintas instituciones de justicia que han manejado la investigación en torno a las causas de su fallecimiento.

ACTUACIÓN DEL EJÉRCITO
Ante estos hechos, para Cencos queda demostrado que no son los militares quienes deben cuidar las carreteras y municipios del país, pues esta ONG “no concibe las muertes de personas inocentes como parte de lo que ha denominado el Ejecutivo Federal una guerra contra el narcotráfico”.

Para evitar que las fuerzas armadas del país sigan contraviniendo los derechos civiles y el orden institucional y jurídico del Estado, opina el general José Francisco Gallardo en la introducción del libro Derechos humanos y las fuerzas armadas, es inaplazable que se rompa la estructura que lo auspicia o tolera.

“Es necesario abrogar los mecanismos de apariencia legal que permiten mantener a las fuerzas armadas fuera del cauce constitucional: el fuero de guerra, la facultad del alto mando para administrar la justicia militar y las interpretaciones que ha hecho la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la actuación del Ejército en el orden interno”, concluye.