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martes, mayo 22, 2007

Opinión - MANUEL GARCIA URRUTIA

Yucatán, claroscuros de nuestra democracia

Jornada Jalisco

La elección en el estado de Yucatán es la primera que se realiza siendo Presidente de la República Felipe Calderón. La trayectoria del candidato panista, Xavier Antonio Abreu Sierra, lo hace cercano a la figura del gobernador del estado, Patricio Patrón Laviada, y del propio Calderón –de hecho, su carrera política se inició, en 1981, apoyando a Carlos Castillo Peraza cuando jugó para gobernador de su estado, y recordemos también que él fue gurú del ahora Ejecutivo federal.

Xavier Abreu, antes de ser candidato a gobernador, era el secretario de Desarrollo Social del estado, con Patrón Laviada. De hecho, su selección como candidato provocó un rompimiento con la militante emblemática del Partido Acción Nacional (PAN), Ana Rosa Payán Cervera –relacionada con El Yunque, organización de ultraderecha a la que se vincula a Manuel Espino, actual dirigente del partido–, que tuvo que jugar en esta elección, una vez que el Partido de la Revolución Democrática (PRD) reculó, como candidata de la coalición Todos Somos Yucatán, formada por el Partido del Trabajo y Convergencia.

El resultado de la elección va en sentido inverso a como dicen las encuestas que va la popularidad del Presidente. La lectura que se hace es que representa un revés para los calderonistas, dentro del PAN, frente a los yunquistas, y de su partido –y lo que representa como opción de gobierno– frente a la oposición política nacional, en particular ante la recuperación del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la era de Beatriz Paredes. Los analistas dicen que en Yucatán no le funcionó al PAN la estrategia de la propaganda negativa por tratarse, su rival, de una mujer joven pero reconocida por su trayectoria, se trata de Ivonne Aracelly Ortega Pacheco –sobrina de un dinosaurio mayor del priísmo local y nacional, Víctor Cervera Pacheco–, que fue presidenta municipal de Dzemul, diputada local y federal y, recientemente, senadora. A los yucatecos les pareció de mal gusto los ataques panistas a su persona y el apoyo descarado del gobierno estatal en favor del candidato oficial.

Tal parece que el PRI recupera la gubernatura –al cierre del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), con 80% de las casillas computadas, lleva siete puntos de ventaja–, gana 10 de las 15 diputaciones de mayoría relativa en juego y casi 50 municipios –Mérida, la capital, sigue en manos del PAN– de 106 en disputa. Una recuperación contundente del PRI después de su estrepitoso fracaso en la elección federal del año pasado. Tanto Ana Rosa Payán como el candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD), el cómico Héctor Leobardo Cholo Herrera Alvarez, en una elección polarizada, jugaron un papel tan marginal que apenas les permitirá mantener su registro –está claro que al PRD le falta mayor presencia y compromiso en muchas partes del país, si quiere convertirse en una opción seria y verdadera de izquierda, en vez de andar recogiendo desechos políticos de cualquier ideología, tal y como lo hacen otros partidos parásitos para mantenerse en el presupuesto, hacen eso o se alían en coaliciones.

La elección tiene varias lecciones. La primera es que se trataba de instrumentar una nueva ley electoral y proyectar una imagen imparcial y autónoma del organismo responsable de organizar los comicios, el Instituto de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana de Yucatán (Ipepac), en un contexto político complicado donde se camina, al igual que otros estados, a la concurrencia electoral con los procesos federales –el gobierno entrante va a durar cinco años y tres los diputados locales y las alcaldías; luego, ambos, sólo dos años a fin de empatar los comicios locales con los federales en 2012.

A fin de cuentas, la integración del Consejo General afectó las posibilidades de combinar experiencia con la renovación de tal manera que se facilitara la instrumentación de la nueva ley y se ganara la confianza ciudadana, sobre todo después del desprestigio del Instituto Federal Electoral (IFE) que ha contaminado –como antes lo hizo para bien– la credibilidad de los órganos electorales. El Ipepac terminará su tarea con grandes cuestionamientos sobre su desempeño –la lentitud del PREP y que no se haya terminado en su totalidad también ha influido en esa valoración; habrá que ver qué pasa en las sesiones de cómputo.

Al instituto sólo lo salva la gran participación ciudadana en las urnas, del 70%, que ya es característica relevante y común en el estado y un ejemplo nacional. Hubo en la jornada electoral, en varios municipios, actos violentos que lamentar –pedradas y algunos disparos–, protagonizados entre panistas y priístas, tal es el caso de Izamal, Valladolid, Chamkom, Ticul y Progreso. En muchos lugares el día de las votaciones es de fiesta y la gente se ubica cerca de las casillas y no se va hasta que los responsables de las mesas directivas pegan las cartulinas con los resultados.

La segunda tiene que ver con la calidad de nuestra democracia donde los partidos están encontrando maneras de darle vuelta y no respetar las disposiciones legales que ellos mismos acuerdan, a través de sus representantes en el Congreso, a fin de sacar ventajas indebidas en los procesos. En Yucatán fueron comunes las acusaciones sobre el sentido difamatorio de las campañas, el uso de recursos públicos, la intromisión de los “llamados poderes fácticos” –de manera destacada de empresarios– y la compra y coacción del voto como parte de la estrategia de los principales partidos –con la consecuente falta de acción oportuna de la autoridad electoral–. La calidad de nuestra democracia todavía deja mucho que desear y es gracias a la cultura política que antes veíamos como defecto en un solo partido, pero que hoy vemos permea a todos nuestros gobernantes sin importar su signo.

La tercera se relaciona con una práctica que no es ilegal en todos lados –sólo en la federal y en algunas legislaciones locales se le considera un delito–, pero que ya es recurrente en todas las elecciones del país: el acarreo, con almuerzo incluido. Es difícil saber y probar si el acarreo implica la compra y la coacción del voto, pero lo que sí es cierto es que todos los partidos lo practican en mayor o menor medida dependiendo de la entidad de que se trate y su estructura partidaria. Por ello habría que pensar, más que en sancionarlo, en regularlo, y pensar que si algún partido se “acomide” a llevar a votar a personas que viven lejos de donde se ubican las casillas no lo hagan condicionando el sentido del voto y respeten la voluntad –y la “libertad”– de los ciudadanos. Por lo general se trata de hombres y mujeres que ya han comprometido su voto –habría que ver en qué condiciones– en favor de un determinado candidato. Ya no se trata de los famosos “carruseles” o “ratones locos”, pero sí de una forma de garantizar que vayan a votar “electores cautivos” en vez de que se queden en casa. Las “mareas rojas” del PRI o “la ola azul” del PAN son denominaciones de tales operativos.

Lo que habría que erradicar, con mayor vigilancia ciudadana y de las autoridades, es el uso de observadores electorales en la función de promotores del voto como parte de la llamada “operación tamal”, es decir, de esa práctica de no depositar la boleta para llevarla a un lugar donde se marca y se le entrega a otro elector para que la deposite o para vigilar –incluso con copia del listado nominal que sólo debieran tener los representantes de partido y el presidente en la casilla– a quienes son ciudadanos “afines” –los que prometieron votar por el candidato– y acuden a hacerlo, y pasan lista de presentes, a fin de “pagarles” el favor posteriormente. La única manera de combatir esas prácticas, además de la vigilancia ciudadana –hoy pervertida en la figura del observador electoral– es acabando con la pobreza y fomentando la educación cívica –tan menospreciada por los diputados, porque no la entienden, sobre todo de aquellos que creen que los organismos electorales sólo deberían funcionar cuando hay comicios.

La cuarta: en Yucatán fue la primera vez en el país que se presentan candidaturas independientes; de cuatro inscritas, una ganó la presidencia municipal de Yobaín. Ello demuestra no sólo que son una alternativa viable frente al alejamiento de los partidos de la sociedad –y de su pluralidad– sino que son posibles de regular y ser más representativos y económicos que mantener partidos parásitos y agrupaciones políticas de dirigentes vivales.

Quinta y última. Lo más destacado de la jornada, sin duda, el reconocimiento inmediato de la derrota del candidato panista y de los otros adversarios; otra evidencia más de la madurez y el talante democrático de los yucatecos, como gota de agua en un desierto, que nos dejan como muestra para los comicios de este año –que, por cierto, no pintan tersos.

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