Opinión - Ramon Guzman Ramos

La lucha por los derechos humanos

Jornada Jalisco

Uno de los retos más importantes que habrá de enfrentar el próximo gobierno de Emilio González Márquez es el de los derechos humanos. La administración que dejó Francisco Ramírez Acuña para irse a ocupar la titularidad de la Secretaría de Gobernación ha sido severamente cuestionada en materia de derechos humanos por el ombudsman estatal y diversas organizaciones no gubernamentales. Con una sensación de alarma generalizada, se han registrado diversas y numerosas actitudes del gobierno de Jalisco que son violatorias de las garantías constitucionales. Pero lo peor de todo es que no se han atendido las recomendaciones que al respecto, sobre todo las relacionadas con la Procuraduría General de Justicia del Estado, ha emitido la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ).

Los derechos humanos tienen que ver con el derecho a una vida digna, a la libertad y a la seguridad social, a la igualdad ante la ley, así como la prohibición de cualquier tipo de discriminación, sometimiento y tortura contra cualquier persona en cualquier parte del mundo. Estos derechos tendrían que estar garantizados por el Estado. Pero sucede que son las instituciones y demás órganos del Estado los que suelen violar los derechos fundamentales de los ciudadanos y las organizaciones sociales. ¿A qué se debe esto? Hay, por supuesto, una causa grande relacionada con el ejercicio autoritario del poder. Los gobiernos son electos por mayorías relativas de votantes. De ahí que tienen que perseguir su legitimidad a través de acciones específicas de gobierno. Pero no siempre resulta fácil lograrlo. Lo que sucede es que los gobiernos se separan paulatina y gradualmente de las mayorías de la población, de manera que el respaldo que obtienen resulta artificial y proviene sólo de los sectores a los que se privilegia desde el poder.

El encargado de la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco, Carlos Manuel Barba García, lo había venido señalando desde antes de su informe de ayer: casi todas las recomendaciones que el ombudsman le ha hecho a funcionarios y oficinas del gobierno del Estado han sido ignoradas, aun las de mayor magnitud, como los casos de detenciones ilegales y tortura por parte de las corporaciones policiacas. De ahí su planteamiento en el sentido de que “el reto para Jalisco es hacer de los derechos humanos una política de Estado”, ya que Jalisco, agregó, no es un estado de derecho. Debe, por lo tanto, “responder a los intereses consagrados en la Constitución federal y en la de Jalisco, así como en los tratados y convenciones internacionales”. La violación sistemática de los derechos humanos es, por lo tanto, una violación artera a nuestra Carta Magna. Un gobierno que comete una falta de esta magnitud pierde toda legitimidad.

Ningún gobierno es infalible. Este debería ser uno de los principios a los que tendría que comprometerse todo aspirante a gobernar. Los gobiernos cometen errores. El problema estriba en si lo hacen de manera sistemática y consciente o son errores propios de los procesos, que nos indican dónde y en qué momento llevar a cabo los ajustes pertinentes. Pero si los gobiernos le fallan a la sociedad con respecto a los compromisos que adquieren legal y políticamente con ella, entonces terminan por colocarse de espaldas y por encima de ella; es decir, en su contra. Se entiende que en una situación así no toleren ninguna expresión independiente de descontento social, de cuestionamiento a las políticas públicas que se diseñan y se aplican desde arriba. Al tratar de imponer el silencio, de sofocar como sea, a sangre y fuego si es preciso, las voces de la disidencia, entonces la relación de poder se vuelve autoritaria, violatoria de las garantías fundamentales del ciudadano y de la sociedad en su conjunto.

El autoritarismo niega por principio todo derecho de los gobernados a expresarse de cualquier forma en desacuerdo con el gobierno. Cualquier expresión de inconformidad es tomada como un atentado al sagrado principio de autoridad. Los gobernados están allí, abajo, para acatar lo que se les dicta y ordena desde arriba. Lo contrario es tomado como una insubordinación intolerable. Vivimos una época de violación generalizada a los derechos humanos, que va desde la ocupación militar y la pérdida de todo derecho humano hasta la tortura en las llamadas democracias. El Estado tendría que garantizarles a todos los miembros de la sociedad su derecho a la vida, a un empleo bien remunerado, a la salud y la educación públicas, a la vivienda, a los servicios públicos elementales. Cuando falla en esto, que suele ocurrir con abrumadora frecuencia, entonces se desatan los jinetes de la represión. De ahí que el respeto a los derechos humanos es algo que no se puede desligar de la lucha por una verdadera democratización de la vida pública, por la libertad auténtica de los individuos y los grupos, por la dignificación de la convivencia social.

El reto de toda democracia es alcanzar un grado mayúsculo de relación interactiva entre el Estado y la sociedad. Que el poder no se concentre sólo en las manos de los gobernantes, sino que se socialicen los procesos de toma de decisiones y ejecución de los acuerdos. En la medida en que la democracia construye este tipo de relaciones horizontales de poder, así los derechos humanos adquieren la relevancia especial que se merecen. Un régimen donde se violan sistemáticamente, con toda la impunidad del mundo, los derechos elementales de los ciudadanos y los grupos sociales, es un régimen que sólo puede identificarse con el autoritarismo más recalcitrante.