Policías encubiertos

Jorge Regalado

Profesor investigador del Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales, Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, de la Universidad de Guadalajara.

Gaceta Universitaria

Con las policías que tenemos actuando en Jalisco y en el país, a diario, dadas sus prácticas, se generan muchas dudas de la existencia real del estado de derecho. Si se permite la existencia del policía o agente encubierto, ¿dónde quedarían el Estado de derecho, la legalidad y la transparencia que los gobiernos actuales dicen defender?

Afortunadamente la legislatura anterior se despidió sin aprobar la iniciativa de reforma a la Ley estatal contra la delincuencia organizada que pretendía, entre otras cuestiones preocupantes, crear la figura del agente encubierto. Este punto fue el que llamó centralmente la atención de la opinión pública e hizo accionar a organizaciones sociales muy disímbolas, pero que coyunturalmente coincidieron en oponerse a dicha iniciativa. Ojalá esta oposición haya sido el acicate para que no fuera aprobada, pero queda la duda respecto de si lo fundamental no se habrá constituido en la imposibilidad de las fracciones partidarias para lograr una negociación. O sea, que los panistas no ofrecieron lo suficiente al resto de las bancadas. Lo digo así porque en realidad del interior del Congreso del Estado no se escucharon voces importantes que se opusieran contundentemente a esta iniciativa del Poder Ejecutivo.

Voy a presentar algunas interrogantes que me parecen importantes para seguir discutiendo sobre este tema que, en algún momento, aparecerá en la agenda de la LVIII legislatura, porque el gobernador interino y otros personajes han anunciado que no cejarán en su intento. ¿Qué razones puede tener un gobierno para pretender convencer a la sociedad jalisciense de que para tener éxito en el combate a la delincuencia es necesario crear la figura del agente encubierto? ¿Por qué se considera una buena vía el poner a la sociedad frente a más riesgos de los que ya vivimos con las policías actuales?

¿Acaso existen problemas tan graves que desconocemos los ciudadanos y de los cuales sólo el gobierno está enterado? ¿Es la fuerza del narcotráfico y la delincuencia organizada tan poderosa que el gobierno estatal reconoce que las policías constitucionales son insufi- cientes e incapaces para hacerles frente con éxito y, por tanto, imagina que sólo le queda la estrategia de la infiltración, misma que ha utilizado la delincuencia respecto de la policía, ella sí con mucho éxito? Si esto fuera así, ¿por qué no decir claramente que desde su perspectiva consideran imposible combatir al delito siendo respetuosos de la ley y de los derechos humanos? Estos conceptos les molestan a los malos gobernantes y a los malos policías, pero el problema, para ellos, es que están considerados en nuestras leyes y deben respetarlos si aspiran a ser reconocidos como go- bernantes y representantes populares que ejercen sus funciones apegados a la ley.

Con las policías que tenemos actuando en el territorio jalisciense (y podría generalizar esta opinión a todo el país) a diario, dadas sus prácticas, se generan muchas dudas de la existencia real del estado de derecho. Si se permite la existencia del policía o agente encubierto, ¿dónde quedarían el estado de derecho, la legalidad y la transparencia que los gobiernos actuales dicen defender?

Con policías de este tipo regresamos a los años setenta del siglo XX, cuando no había ningún respeto a los derechos humanos y los panistas, entre otros, se dedicaban a protestar por ello. Entonces, ¿cómo tendríamos que definir a un gobierno y un Congreso que pretendieron reconstruir este tipo de organismos policiales propios de una etapa de nuestra historia que se supone superada? ¿Ya se olvidaron de los excesos de la Policía Secreta o el Servicio Secreto de Jalisco; de los horrores cometidos por todo el país por la Dirección Federal de Seguridad y su temible Brigada Blanca; de esos monstruos que se crearon en la oscuridad, en los sótanos y las cañerías del viejo sistema político y que luego se volvieron incontrolables? ¿Cómo pueden asegurar que no será utilizada la policía encubierta para otros fines, o que a c t u a r á “conforme a derecho”, cuando el gobierno de Jalisco destaca internacionalmente por su poca preocupación por el respeto a los derechos humanos?

Está documentado por las Comisiones Estatal y Nacional de Derechos Humanos, que en Jalisco las policías constitucionales practican cotidianamente la tortura como “método” predilecto de investigación, mientras las autoridades gubernamentales no hacen mayor cosa al respecto, ¿podemos imaginarnos cómo actuaría, cómo investigaría una policía secreta que por su misma naturaleza no tendría a quién rendirle cuentas claras y transparentes?

Si en Jalisco no hay control de las policías constitucionales, ¿cómo se piensa que podría ser controlable una Policía Secreta eufemísticamente denominada como policía encubierta? Por otro lado, al gobernador interino, autor de esta iniciativa, y los diputados de la anterior Legislatura, en ningún momento se les ocurrió, pequeño detalle, que deberían consultar a sus “representados” para saber su opinión al respecto. ¿El nuevo Congreso del Estado sí consultará a la sociedad para saber su opinión?

Al parecer, el gobernador interino quiere aprovecharse y chantajear con la preocupación social por la inseguridad que priva en Jalisco. Considero que está pasando por una gran confusión. Es muy diferente que los ciudadanos estemos preocupados por la falta de seguridad pública, a que por ello aceptemos, sin más, la existencia de policías encubiertos, secretos, que pondrían en mayor riesgo nuestros ya de por sí deteriorados y vulnerados derechos humanos.