Reseña Estratégica del MSIa, 23 de febrero de 2007.- Semana tras semana, desde que tomó posesión Felipe Calderón en la madrugada del 1 de diciembre en Los Pinos, primero, y luego en la arena del Palacio Legislativo de San Lázaro, una de las más altas autoridades militares del país, el Secretario de la Defensa, General Guillermo Galván Galván, ha venido reiterando una y otra vez la “legitimidad” de Calderón como presidente de México. En febrero, durante el 94 aniversario de La Marcha de la Lealtad, celebrado en el Castillo de Chapultepec, Galván Galván enfatizó que la legitimidad del presidente “permanece cimentada en la aprobación popular, a su esfuerzo para conducir el país con unidad y prosperidad (y)...reside esencialmente en el fallo de las instituciones y éstas han sido contundentes” (sic).
Aún más: el Secretario de la Defensa sostuvo que "nuestra organización ha servido también para garantizar la libertad de expresión, de reunión y de tránsito de todos los mexicanos sin distinción alguna (...) estamos construyendo una nación mejor, una patria más justa y armoniosa. (Sic) El Ejército tiene como principio y fin el pueblo de México. Esa es la razón y el corazón de nuestra marcha de la lealtad. No les podemos fallar" y concluyó “no es difícil suponer la gravedad del riesgo en que el país caería, si las fuerzas armadas no ponen todo de sí para respaldar al jefe del ejecutivo federal, apoyo que es también indispensable de las demás trabes fundamentales de la vida institucional".
El general Galván no dejo de ser enigmático al declarar "quienes desearían ver a un presidente distanciado de sus Fuerzas Armadas, no ponen todo de sí para respaldar al jefe del Ejecutivo Federal".
Tan sólo una semana después durante el Día del Ejército, volvió a declarar: “No buscamos hacer la guardia que no nos toca, pero de ninguna manera queremos dejar de hacer la que nos corresponda, la que el país nos exija, la que las leyes nos mandan y la que nuestro comandante supremo instruya”.
Es evidente la difícil situación que vive la institución militar en México y no podría pensarse que las Fuerzas Armadas se arrogaran el papel de negar la legitimidad de un presidente que surgió del turbio proceso electoral en el que se mantuvieron apariencias legales pero apartadas del legitimo sentido de justicia. Pero es igual de grave el error de apegarse a la letra de la ley para utilizar a las Fuerzas Armadas como sostén de una supuesta legitimidad, cada día más cuestionada. Las instituciones militares tienen el deber constitucional de empeñar su lealtad al presidente civil que sea electo, independientemente de su coloración ideológica, pero no puede, no deben, tratar de sustituir institucionalmente lo que el pueblo no otorgó.
Al tiempo, la insistencia en proclamar y reiterar la lealtad de la institución militar deja de manifiesto la debilidad del gobierno.
Las Fuerzas Armadas mexicanas surgidas del proceso revolucionario han sido baluarte del establecimiento del sistema de justicia social como parte de sus deberes con respecto a la defensa de la soberanía y la integridad del territorio nacional. Ellas mismas en su estructura interna son un retrato nítido del avance de la justicia social en el país y su prestigio nacional proviene de su condición de ser el Ejército del pueblo de México.
Ese sistema basado en la justicia social comenzó a menguar a partir de 1982, abriendo paso cada día más a un sistema de privilegios especialmente de los capitales financieros nacionales y extranjeros, transformando al estado mexicano en un templo pagano de idolatría al dios mercado, al que todos los mexicanos tendríamos que rendir culto. El asesinato de Luís Donaldo Colosio marcó el fin de la posibilidad de realizar una corrección del modelo dentro de las estructuras políticas e institucionales establecidas por la Revolución de 1910. Con ello se marcó históricamente el fin del papel del Partido Revolucionario Institucional (PRI) como motor histórico de transformaciones sociales.
La elección de Felipe Calderón en julio pasado tiene un vicio de origen, no sólo por las eventuales manipulaciones de los votos, ni de las espurias alianzas políticas, sino sobre todo por el proceso de guerra sucia dirigido por una oligarquía bi-nacional que viene regenteando los destinos del país desde la presidencia de Carlos Salinas de Gortari. La elección debería ser anulada, debido a la injerencia de intereses económicos, nacionales y extranjeros, que impusieron a un presidente a través de un golpe de estado pos moderno.
Por lo tanto, el Secretario de la Defensa Nacional no debería apelar al simple cumplimiento de la ley para clamar a la nación que las fuerzas armadas son la garantía de la legitimidad del presidente de facto. No lo debe hacer porque el país, a diferencia de lo que afirma el Secretario, no esta unido y no marcha hacia la prosperidad ni mucho menos caminamos hacia una patria más justa y armoniosa. No bajo el actual gobierno.
Vivimos un tiempo de transformaciones, porque el destino de México lejos está de conformarse con un papel sub sirviente o como una nación norte americanizada y adherente a patrones culturales ajenos a su espíritu y su alma. Las propias Fuerzas Armadas han sido un baluarte de resistencia a los planes para someterlas a los designios imperiales del Comando Norte y se han negado institucionalmente a participar de acciones militares al mando de cualquier poder global, lo que les ha valido la admiración de las Fuerzas Armadas en otros países. Nuevos esfuerzos están en marcha para debilitar la voluntad de los jefes militares y obligarlos a participar de “las obligaciones globales” del nuevo gobierno.
Por eso las Fuerzas Armadas, en este periodo de transición histórica, deberían apegarse al cumplimiento de sus deberes constitucionales, sin exponerse al desgaste de cargar en sus espaldas una presidencia que nació muerta. El peligro es que esta insistencia en homenajear a un presidente cuya legitimidad esta en duda tenderá a desgastar institucionalmente a las propias Fuerzas Armadas. En vez de trasmitirle a un gobierno débil parte del gran prestigio que gozan los soldados de México especialmente ante el pueblo humilde, la ilegitimidad del presidente Calderón tenderá a desprestigiarlas, afrentándolas, a pesar de que están muy lejos de serlo, como si fueran apenas una Guardia Pretoriana.
Debe servir de ejemplo el desastre de la política externa que abandonó los principios de la Doctrina Estrada, de respeto a la soberanía y de no intervención en asuntos internos de otras naciones, para degradarla a las conveniencias inmediatistas de una “pequeña guerra fría”, cuyo único resultado es el desprestigio internacional de nuestra gran patria.
http://www.msia.org.br/news/312.html
Aún más: el Secretario de la Defensa sostuvo que "nuestra organización ha servido también para garantizar la libertad de expresión, de reunión y de tránsito de todos los mexicanos sin distinción alguna (...) estamos construyendo una nación mejor, una patria más justa y armoniosa. (Sic) El Ejército tiene como principio y fin el pueblo de México. Esa es la razón y el corazón de nuestra marcha de la lealtad. No les podemos fallar" y concluyó “no es difícil suponer la gravedad del riesgo en que el país caería, si las fuerzas armadas no ponen todo de sí para respaldar al jefe del ejecutivo federal, apoyo que es también indispensable de las demás trabes fundamentales de la vida institucional".
El general Galván no dejo de ser enigmático al declarar "quienes desearían ver a un presidente distanciado de sus Fuerzas Armadas, no ponen todo de sí para respaldar al jefe del Ejecutivo Federal".
Tan sólo una semana después durante el Día del Ejército, volvió a declarar: “No buscamos hacer la guardia que no nos toca, pero de ninguna manera queremos dejar de hacer la que nos corresponda, la que el país nos exija, la que las leyes nos mandan y la que nuestro comandante supremo instruya”.
Es evidente la difícil situación que vive la institución militar en México y no podría pensarse que las Fuerzas Armadas se arrogaran el papel de negar la legitimidad de un presidente que surgió del turbio proceso electoral en el que se mantuvieron apariencias legales pero apartadas del legitimo sentido de justicia. Pero es igual de grave el error de apegarse a la letra de la ley para utilizar a las Fuerzas Armadas como sostén de una supuesta legitimidad, cada día más cuestionada. Las instituciones militares tienen el deber constitucional de empeñar su lealtad al presidente civil que sea electo, independientemente de su coloración ideológica, pero no puede, no deben, tratar de sustituir institucionalmente lo que el pueblo no otorgó.
Al tiempo, la insistencia en proclamar y reiterar la lealtad de la institución militar deja de manifiesto la debilidad del gobierno.
Las Fuerzas Armadas mexicanas surgidas del proceso revolucionario han sido baluarte del establecimiento del sistema de justicia social como parte de sus deberes con respecto a la defensa de la soberanía y la integridad del territorio nacional. Ellas mismas en su estructura interna son un retrato nítido del avance de la justicia social en el país y su prestigio nacional proviene de su condición de ser el Ejército del pueblo de México.
Ese sistema basado en la justicia social comenzó a menguar a partir de 1982, abriendo paso cada día más a un sistema de privilegios especialmente de los capitales financieros nacionales y extranjeros, transformando al estado mexicano en un templo pagano de idolatría al dios mercado, al que todos los mexicanos tendríamos que rendir culto. El asesinato de Luís Donaldo Colosio marcó el fin de la posibilidad de realizar una corrección del modelo dentro de las estructuras políticas e institucionales establecidas por la Revolución de 1910. Con ello se marcó históricamente el fin del papel del Partido Revolucionario Institucional (PRI) como motor histórico de transformaciones sociales.
La elección de Felipe Calderón en julio pasado tiene un vicio de origen, no sólo por las eventuales manipulaciones de los votos, ni de las espurias alianzas políticas, sino sobre todo por el proceso de guerra sucia dirigido por una oligarquía bi-nacional que viene regenteando los destinos del país desde la presidencia de Carlos Salinas de Gortari. La elección debería ser anulada, debido a la injerencia de intereses económicos, nacionales y extranjeros, que impusieron a un presidente a través de un golpe de estado pos moderno.
Por lo tanto, el Secretario de la Defensa Nacional no debería apelar al simple cumplimiento de la ley para clamar a la nación que las fuerzas armadas son la garantía de la legitimidad del presidente de facto. No lo debe hacer porque el país, a diferencia de lo que afirma el Secretario, no esta unido y no marcha hacia la prosperidad ni mucho menos caminamos hacia una patria más justa y armoniosa. No bajo el actual gobierno.
Vivimos un tiempo de transformaciones, porque el destino de México lejos está de conformarse con un papel sub sirviente o como una nación norte americanizada y adherente a patrones culturales ajenos a su espíritu y su alma. Las propias Fuerzas Armadas han sido un baluarte de resistencia a los planes para someterlas a los designios imperiales del Comando Norte y se han negado institucionalmente a participar de acciones militares al mando de cualquier poder global, lo que les ha valido la admiración de las Fuerzas Armadas en otros países. Nuevos esfuerzos están en marcha para debilitar la voluntad de los jefes militares y obligarlos a participar de “las obligaciones globales” del nuevo gobierno.
Por eso las Fuerzas Armadas, en este periodo de transición histórica, deberían apegarse al cumplimiento de sus deberes constitucionales, sin exponerse al desgaste de cargar en sus espaldas una presidencia que nació muerta. El peligro es que esta insistencia en homenajear a un presidente cuya legitimidad esta en duda tenderá a desgastar institucionalmente a las propias Fuerzas Armadas. En vez de trasmitirle a un gobierno débil parte del gran prestigio que gozan los soldados de México especialmente ante el pueblo humilde, la ilegitimidad del presidente Calderón tenderá a desprestigiarlas, afrentándolas, a pesar de que están muy lejos de serlo, como si fueran apenas una Guardia Pretoriana.
Debe servir de ejemplo el desastre de la política externa que abandonó los principios de la Doctrina Estrada, de respeto a la soberanía y de no intervención en asuntos internos de otras naciones, para degradarla a las conveniencias inmediatistas de una “pequeña guerra fría”, cuyo único resultado es el desprestigio internacional de nuestra gran patria.
http://www.msia.org.br/news/312.html
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