Sojo: El que calla, otorga

Carlos Acosta Córdova - Proceso

México, D.F. (apro).- Por quienes convocan y por quienes asistirán, la megamarcha que se realizará el próximo miércoles, en protesta por las alzas en los precios de los productos de consumo básico, puede suponerse que será una expresión contundente de rechazo al pacto firmado por el gobierno y los representantes de todos los eslabones de la cadena maíz-tortilla, para estabilizar el precio de ese insumo básico en la dieta de la mayoría de los mexicanos.

La marcha será, simplemente, un dato más –por espectacular que sea-- en el conjunto de expresiones de descontento e inconformidad que se han venido registrando en los últimos días por el manejo que el gobierno federal ha dado al problema.

Los consumidores se quejan, unos, de que pocos establecimientos respetan el precio fijado, de 8.50 pesos el kilogramo de tortilla; pero otros, también, de que por culpa de ese pacto ahora tienen que comprar la tortilla al precio fijado, cuando días antes la compraban a menos de 8.00 pesos.

Los tortilleros acusan a los empresarios de la masa y la harina de que les siguen vendiendo caros esos insumos, y que por eso no pueden vender más barato. Los productores chicos y medianos, que hacen la mayoría de los 3.5 millones que hay en el país, protestan porque los comercializadores les compran al precio que quieren sus toneladas de maíz, en un rango que, en el tiempo, fue de entre 1,200 pesos (o menos) y 2,200 pesos la tonelada; no más, aunque ahora esos comercializadores, que guardaron el grano, lo vendan a casi 4,000 pesos la tonelada.

Sin embargo, no sólo los que intervienen en la cadena maíz-tortilla, salvo los intermediarios, se quejan y protestan. También los legisladores han hecho lo propio, al grado de pedir, inclusive, la renuncia del secretario de Economía, Eduardo Sojo, quien, ciertamente, se ha visto errático desde que estalló el problema con el alza súbita, irracional e injustificada en el precio de la tortilla.

Pero ha llamado la atención que hasta el propio Consejo Coordinador Empresarial, el organismo cúpula de la iniciativa privada, se haya sumado a las críticas no sólo al pacto sino a la manera en que el gobierno ha ido atendiendo al asunto. Del pacto, el CCE dijo el lunes pasado que es “tibio y de poco alcance” y, por si fuera poco, que a la Procuraduría Federal del Consumidor y a la Comisión Federal de Competencia les faltan “dientes” para meter en cintura a los especuladores. Así dijo. Y también, que el gobierno no ha podido (o no ha querido o no se le ocurre) tomar “medidas más enérgicas” para mandar “señales más claras a todos los mercados”.

Sorprende que sea el propio Consejo quien le insista al gobierno que es en el eslabón de los intermediarios –chicos y grandes-- donde está el centro del problema. “Sobra decir que quienes sufren los efectos de la especulación y las prácticas monopólicas son los productores del campo y los consumidores finales”, dijo, también el lunes, el organismo cúpula.

Pero el gobierno o no quiere entender o no quiere tocar en lo más mínimo a las grandes empresas que compran la mayor parte de la cosecha de maíz, que la guardan, la acaparan, la esconden, que generan un desabasto mayor del que naturalmente pueda haber y que, en una interpretación desviada e interesada de las bondades de la economía de mercado, ventajosa y alevosamente luego sacan el grano para regalarse ganancias inmorales, sin el mayor esfuerzo.

Esas empresas tienen nombre y apellido, y se los restregaron en la cara, una y otra vez, a Eduardo Sojo en la comparecencia del martes pasado, en la Comisión Permanente: Cargill, ADM (Archer Daniels Midland), Minsa y Maseca, entre otros, fueron las empresas cuyos nombres oyó Sojo de manera repetida. Pero él, como si la Virgen le hablara. Y le insistían diputados y senadores en la Permanente: esas grandes empresas compraron la tonelada de grano, inclusive a menos de mil pesos, y ahora la están vendiendo a más de 3,800 pesos. Pero él no hacía caso. Nunca lo hizo.

La actitud de Sojo irritó a muchos legisladores. Pero no sólo a ellos. A buena parte de la sociedad. No se diga a muchos de los que intervienen en todo el proceso que va desde la producción del grano hasta la venta de las tortillas, exceptuando –otra vez-- a quienes hacen de la especulación su modus vivendi.

De hecho, más que el secretario de Agricultura, Alberto Cárdenas, o la secretaria de Desarrollo Social, Beatriz Zavala –de quienes también se podría decir mucho--, es en Eduardo Sojo en quien han caído los reflectores y las críticas. Y no sin razón.

Sojo estuvo todo el sexenio pasado en una posición privilegiada, como coordinador de políticas públicas de la Presidencia de la República que fue. Y también fue integrante del equipo de transición de Felipe Calderón. Pero desde que se suscitó la crisis de la tortilla ha actuado como si nunca hubiera estado en esas posiciones. Parece que no se enteró que desde el 2005 se estaban creando las condiciones para que se diera una situación como la que estalló al inicio de la segunda semana de enero con el aumento súbito de la tortilla.

La información de primerísima mano que siempre tuvo respecto de la economía de México y el mundo, no le sirvió para dimensionar el incremento persistente en los precios internacionales del maíz. Le pasó de noche el sostenido acaparamiento del grano en México por parte de las grandes empresas comercializadoras. Y una vez ocurrido el aumento en el precio de la tortilla, reaccionó con sorpresa, lentitud y sin capacidad para coordinarse con el titular de la Sagarpa.

Nunca atinó a dar una explicación convincente de lo que estaba pasando. Siempre minimizó la dimensión y el alcance de los hechos. Son cosas del mercado, coyunturales, que “naturalmente” se resolverán, siempre dijo. Y para nada –ni al principio ni ahora-- ha querido achacarles, aunque sea un poquito, de responsabilidad a los especuladores grandes. Tuvo que ser el gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz, y luego el propio presidente Felipe Calderón, quienes metieran a escena a los que acaparan y manipulan los precios del grano.

Cuando Sojo balbuceaba razones de mercado, de precios internacionales y de desabasto mundial –que, en efecto, son parte, pero sólo parte, de la explicación--, Guillermo Ortiz apareció para sugerir: déjense de tonterías, los altos precios que ha registrado la tortilla no tienen ningún sustento real y más bien son producto de la especulación, del acaparamiento y de un comportamiento no competitivo en la fijación de precios. Punto.

Luego Calderón, cuando tomó la batuta –ante la inconsistencia de sus secretarios--, también hizo énfasis en el fenómeno de la especulación. Pero Sojo no lo acepta. Finge actuar en correspondencia con ello, pero en sus acciones aflora una tibieza monumental: cuando forzadamente admite que hay especulación, lo más que hace es, a través de la Profeco, vigilar y sancionar a tortillerías. Hasta el miércoles pasado, esa procuraduría había realizado visitas de inspección a 3,022 tortillerías… de las 75,000 que hay en todo el país.

Para que se viera que también la autoridad va sobre los acaparadores, la Profeco, que depende de la secretaría de Sojo, ya informó que hasta el miércoles pasado había realizado 73 visitas de inspección a los centros de distribución de maíz, de los que hay más de 300 en el país. Encontró anomalías en 20 de ellos, que ya están emplazados a proceso administrativo, y que algunos de éstos serán turnados a la PGR para que investigue la presunta comisión de delitos contra el consumo. En la picota están empresas que tenían guardados entre 100 y 1,500 toneladas de grano.

Qué valiente. Pero nada contra las empresas, monopólicas, que compran, acaparan, no miles, sino centenares de miles de toneladas de maíz y que guardan, para manipular y especular, gran parte de esas compras. Y otra vez los nombres de Cargill, ADM, Maseca, Minsa. Contra ellas, nada.

La sospecha de que se les da protección a éstas creció la semana pasada, cuando la Comisión Federal de Competencia informó que a partir del martes 23 de enero iniciaría la investigación de oficio para detectar prácticas monopólicas, posibles manipulaciones de precios o de cantidades ofrecidas en el mercado, lo mismo en el ámbito de la producción que en el de la distribución y comercialización de maíz, de harina de maíz y de tortilla en todo el país. El problema es que 12 días antes, el 11 de enero, la propia Comisión había dicho que ese mismo día, “estaba iniciando” la investigación aludida.

Es decir, en 12 días no hubo investigación alguna. Mintió la autoridad. Es claro que no se quiere molestar a los grandes especuladores, es decir, las empresas nacionales y trasnacionales que compran la mayor parte de la cosecha y guardan el grano para provocar escasez y luego venderlo más caro.

Pero más allá de que la especulación sea inherente a las “libertades” del mercado, lo que va saliendo a flote son los compromisos del actual gobierno con quienes financiaron la campaña presidencial de Felipe Calderón, y muchos de ellos, sin duda, son los que controlan y manipulan el mercado alimentario nacional.

Por eso no sorprende que Sojo se quede callado. Pero el que calla otorga, dicen.