Los diputados del PAN inconformes fueron amenazados con auditarlos si no se disciplinan
El líder de la Coparmex en Jalisco rechaza el proyecto y anuncia que se ampararán
EUGENIA BARAJAS - Jornada Jalisco
Las presiones del gobernador del estado, Gerardo Octavio Solís Gómez, que en forma desesperada intenta forzar a los legisladores del Congreso para autorizar antes de que concluya su periodo las controvertidas reformas a la Ley Contra la Delincuencia Organizada, que permitiría operar de forma legal a la policía secreta y el cambio de identidad, no han surtido efecto hasta el momento.
El decreto de ley se mantiene en reserva al interior de la bancada de Acción Nacional por la falta de consenso, situación que ha provocado que algunos diputados sean amenazados de ser sometidos a una auditoría, en caso de no disciplinarse con la decisión cupular.
En tanto, en el grupo parlamentario del PRI se multiplicaron las voces en contra de la iniciativa del gobierno panista, al tiempo que denunciaron las presiones de que han sido objeto por el propio Solís Gómez.
La posibilidad de crear una policía política en la entidad provocó también la airada reacción del dirigente de la Confederación Patronal de la República en Jalisco, Luis Fernando Pérez Aguayo, quien incluso advirtió que el organismo empresarial podría ampararse en caso de que el Legislativo apruebe las reformas.
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local, el priísta Alberto Maldonado Chavarín, puso al descubierto los enjuagues del gobernador y los coordinadores parlamentarios del PAN, PRI y PRD.
“El gobernador interino está promoviendo, está presionando para que esto (la iniciativa) pase a través del cabildeo con los diputados de Acción Nacional y la Junta de Coordinación Política; por lo menos eso nos ha dicho Enrique García, nuestro coordinador al interior de la bancada, que es una petición reiterada del Ejecutivo que esto pase.
"Me da la impresión de que se está haciendo con los pies, por no decirlo de otra manera, a partir de que hay una desesperación porque esta sea la legislatura que lo apruebe cuando es un tema sumamente grave”, denunció.
El legislador confirmó las versiones de presiones ejercidas por el gobernador interino, mismas que fueron rechazadas el pasado viernes por su compañero de bancada, Javier Hidalgo y Costilla; sin embargo, Maldonado Chavarín aceptó que la polémica ley, que avizora el regreso del Servicio Secreto a Jalisco ha carecido del consenso suficiente para trabajarla.
“Yo sostengo y apoyo a la Comisión de Derechos Humanos en Jalisco, a las ONG y a la sociedad civil organizada que han manifestado que es un tema que se tiene que discutir con toda calma y dando el tiempo necesario para la discusión y no hacerlo de manera sorpresiva, intempestiva, como (el gobernador) pretende que se realice antes de concluir la legislatura, estaré luchando hasta el último día para que no sea esta legislatura la que al vapor quiera aprobarlo por aprobarlo”, sentenció.
El legislador del tricolor externó serias dudas respecto a que el próximo gobernador, Emilio González Márquez, abrace el proyecto de un servicio secreto como una de sus prioridades; asimismo, dudó que la próxima legislatura se apropie del decreto de ley que puede entrar a segunda lectura y aprobación mañana miércoles, último día de la 57 Legislatura.
Consideró por demás grave que se llegara al extremo de forzar a los integrantes de la fracción del PRI para que acepten el dictamen, presión que delata una situación, por lo menos sospechosa, para el legislador, ya que el coordinador de su bancada mostró una gran indiferencia, al no realizar foros de consulta como los organizados para discutir la implementación de los juicios orales o las reformas a la Ley de Transparencia.
Maldonado Chavarín resaltó que mientras algunos de sus compañeros de bancada rechazan de facto la medida, otros muestran un total desconocimiento del tema, lo que hace más grave certificar la figura de un agente encubierto que no se precisa en el cuerpo de la ley cómo operará y deja sin especificar la forma en que cambiarán la identidad del policía, por lo que exigirán sesionar con expertos en el tema.
“Estoy con ellos en el sentido que se requiere platicar con expertos, porque la reunión que se tuvo la semana pasada con la Comisión de Derechos Humanos fue muy light y apenas se tocó el tema. Creo que en este caso en particular se debe dar el tiempo necesario para que la próxima legislatura retome el tema y sea la ciudadanía la que opine si quieren una policía secreta, sí quieren regresar a la época del oscurantismo, a la época que tanto se le criticó a mi partido, el PRI, donde había gente que no se sabía si eran delincuentes o policías los que hacían las detenciones”.
Coincidió con la opinión de la CEDHJ de la existencia y operatividad de policías encubiertos que trabajan en el estado y a nivel federal, por lo que lanzó un exhorto a todos los sectores de la sociedad para evitar a toda costa que las reformas se concreten.
“Hemos socializado nuestro temor por razones muy importantes, por los ciudadanos, por las madres de familia y las familias no sólo del estado, sino del país, a las que se les causó mucho dolor, momentos de tragedia, de desesperación con la policía secreta”, indicó.
Al respecto, tanto el diputado Aristóteles Sandoval, como Juvenal Esparza, y Alberto Maldonado coincidieron que la fracción del PRI votará en contra del retorno del Servicio Secreto.
El polémico decreto enviado por el Ejecutivo estatal mantiene a las fracciones políticas del Congreso confrontadas al exterior y al interior de sus bancadas y la de Acción Nacional no pudo quedarse al margen de la discusión y en reunión previa a la sesión de ayer, en la que se preveía que se presentaría a segunda lectura, los integrantes del blanquiazul se enfrascaron en un álgido intercambio de ideas y de advertencias de auditorías sobre los dispendios financieros de esta legislatura, en caso que concluyera el plazo aprobatorio y la medida quedara como herencia. El resultado: se retiró de la orden del día.
Algunos de los legisladores blanquiazules que estuvieron presentes en la reunión, a la que no asistió el coordinador, Rodolfo Ocampo, manifestaron que han sido objeto de chantajes para consentir las reformas vía fast track en esta legislatura; en caso contrario, serán víctimas de una puntual auditoría a sus gastos y exhibidos en la próxima legislatura.
No obstante, recalcaron que los acuerdos para llevar a término una cierta cantidad de leyes fue entre los coordinadores de las diferentes bancadas con el Ejecutivo en una reunión la semana pasada, lo que causó el malestar entre algunos diputados de Acción Nacional, que no comparten ni aprueban la decisión cupular.
La fracción de Acción Nacional denota a su interior un resquebrajamiento, al grado de no poder asegurar los 21 votos que se requieren para que la iniciativa se convierta en ley y se publique en el Periódico Oficial del Estado.
Coparmex podría ampararse
Por su parte, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) a través de su presidente, Luis Fernando Pérez Aguayo, lanzó un enérgico llamado al pleno del Congreso del Estado para evitar que lleven a la realidad la ley que autorice una policía secreta por considerarla inconstitucional y violatoria de los derechos humanos y sostuvo que es de llamar la atención que en tres años fue imposible que acordaran sobre una reforma en materia de seguridad y a unas horas de terminar su encomienda aprueben la operación de espías.
El líder patronal advirtió que de concretarse la reforma en el Congreso, la Coparmex puede llegar al extremo de solicitar amparos para evitar la aparición del cuerpo policial infiltrado, palabras que avaló la vicepresidenta del organismo, Martha Susana Rodríguez, quien fustigó al increpar que la ley nació muerta por la premura de los diputados de aprobarla y reprobó las reformas, a las que criticó de mal elaboradas por la falta de supervisión de los elementos y la latente posibilidad de ser presas de abusos o extorsiones por parte de los elementos encubiertos.
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